El plan del Gobierno para fomentar empleo formal y la crítica que emanó desde exfuncionarios de Boric

El crédito tributario que propone el Gobierno para fomentar el empleo formal ha sido bien valorado desde el mundo privado, pero hay sectores que opinan que se trata de un beneficio para las empresas en vez de tener “el foco” en los trabajadores.

Aunque busca enfrentar la informalidad laboral, las críticas señalan que el costo será significativo y la creación de nuevos puestos “muy baja”.

En detalle, comenzó a circular una minuta elaborada por exfuncionarios de Gabriel Boric, que acusaron que los recursos involucrados en esta medida no irían a las MiPymes, sino a las empresas de mayor tamaño.

Hacer frente a la “crisis del empleo”

Uno de los cinco ejes del Plan de Reconstrucción Nacional busca hacerse cargo de lo que el propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, calificó como “una crisis en el empleo”, apuntando a que la tasa de desocupación que lleva más de 30 meses sobre el 8%.

Se trata de un crédito tributario para la protección del empleo formal por concepto de pago de remuneraciones que vayan entre las 7,8 UTM (M$545) y las 12 UTM (M$838).

El crédito será equivalente a un 15% para remuneraciones de 7,8 UTM y disminuirá progresivamente para rentas más altas.

La iniciativa, se explicó, permite reducir el pago mensual de los Pagos Provisionales Mensuales (PPM) e IVA de los empleadores y podrá ser imputado en contra del Impuesto de Primera Categoría.

Al calcular el impuesto de primera categoría, la empresa debe descontar el monto que le corresponde por el beneficio. Por ejemplo, si a una empresa le corresponde pagar $200 por impuesto de primera categoría, y dentro del ejercicio pagó remuneraciones afectas al 15% de crédito tributario por un monto de $100, le corresponde descontar 15% x $100 de impuestos, es decir, $15. El impuesto a pagar, en lugar de ser $200, es $200-$15 = $185.

La presidenta de la Confederación de la Producción y Comercio (CPC), Susana Jiménez, dijo que es una confusión hablar de “beneficio” para las empresas, cuando el foco de la medida es hacerse cargo de una realidad país: que 1 de cada 4 trabajadores en Chile son informales.

Esta semana comenzó a circular una minuta elaborada por exintegrantes del Ministerio del Trabajo en el Gobierno de Gabriel Boric, que tomando datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y Banco Central, estimaron que al menos 2.232.968 trabajadores asalariados privados formales estarían en el rango salarial relevante para el subsidio.

Pero de estos, 716.417 -es decir, cerca de un tercio- se desempeñan en grandes firmas. “Esto quiere decir que una fracción muy relevante de los recursos involucrados en esta medida no va a las MiPymes, sino a grandes empresas que pagan bajos salarios”, expuso el texto.

Gonzalo Lucero, socio SL Abogados, señaló que la propuesta sí significaría
un alivio para las firmas y las personas, generando una liquidez inmediata, disminuyendo el costo laboral para el empleador “y ayudando al trabajador a acceder a un trabajo formal con seguridad social y estabilidad”.

En cuanto a los costos, los expertos señalan que estarían en torno a los 1.728 millones de dólares.