La Sala de la Cámara Baja rechazó la idea de legislar un proyecto que extendía el Crédito Especial a la Construcción. Previamente, el Gobierno había planteado su objeción a la propuesta, argumentando -entre varios aspectos- un impacto fiscal.
La propuesta, por tanto, que venía con informe negativo desde la Comisión de Economía, pasó a archivo y no se podrá presentar una iniciativa de igual tenor hasta dentro de un año.
Por parte de los parlamentarios obtuvo 31 votos a favor, 56 en contra y 30 abstenciones.
Rechazan nueva extensión del Crédito Especial a la Construcción
Un reporte de prensa emitido por la Cámara de Diputados y Diputadas detalló que, específicamente, la reforma constitucional planteaba prorrogar el citado crédito por 10 años, a contar de la fecha de publicación de la iniciativa.
La idea era generar un incentivo a la construcción de viviendas, en especial aquellas de interés social que no superaran las 2.000 Unidades de Fomento (UF), ante “la necesidad de reactivar la actividad de constructoras e inmobiliarias. Además, en contribuir a superar el déficit habitacional que existe en el país”.
El beneficio permitía a las empresas constructoras deducir de los montos de sus pagos provisionales mensuales (PPM) el 65% del débito del IVA, el cual se debía determinar en aquellas ventas de bienes inmuebles para habitación.
Objeciones del Gobierno a reactivar el crédito
Previo a la votación, el Gobierno ya había planteado su objeción a la propuesta durante los análisis que se realizaron en la Comisión de Economía.
Sostuvo que, al usar una reforma constitucional, “el proyecto busca sortear la iniciativa exclusiva que tiene el Ejecutivo en esta materia”, mencionó el reporte de prensa.
Alertó que eso “alteraba el equilibrio de competencias entre el Congreso y el Ejecutivo”.
Respecto del crédito propiamente tal, se recordó que la Ley 21.420 de 2022 consideró “una eliminación progresiva en tres años, que culminaba en enero pasado”.
Sin embargo, en 2023, la Ley 21.558 extendió la transición hasta 2027, con ajustes que aseguraron una eliminación gradual y que mitigaron el impacto fiscal.
Pese a eso, se remarcó, “la extensión implicaría menores ingresos fiscales estimados en 125 mil millones de pesos para 2025; y 131 mil millones para 2026″.
Por último, respecto al impacto fiscal de la propuesta actual, el Ejecutivo advirtió que tendría “un efecto significativo”, ante una menor recaudación estimada en 5 billones de pesos entre 2025 y 2035.
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