Representantes del Ministerio de Hacienda y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) se reunieron, por segunda vez, en el marco de las negociaciones por el reajuste al salario mínimo legal, que debe zanjarse antes de septiembre.

En la instancia, ambas partes señalaron que hubo un acercamiento de posiciones, sin entrar en materia de salarios, sino que con un énfasis en la protección de los puestos de trabajo y la recuperación económica.

El jefe de la cartera, Ignacio Briones, destacó la disposición al diálogo de la CUT, que en los próximos días debería entregar sus propuestas y comentarios respecto al plan que prepara La Moneda en materia de empleo.

“Nos enfocamos en cómo recuperamos los miles de empleos perdidos, cómo recuperamos nuestra economía para hacer fuente de esos empleos. Más allá de nuestras diferencias políticas, hoy día hubo un buen tono, un clima de búsqueda de acuerdos de una prioridad nacional”, recalcó el ministro.

Por su parte, la presidenta de la multisindical, Bárbara Figueroa, afirmó que la postura de la CUT es que los salarios y la capacidad de consumo de los trabajadores será fundamental para la reactivación económica.

Sin embargo, la prioridad está en la protección de los puestos de trabajo, por lo que esperan que el Ejecutivo sea más exigente en ese sentido, con el sector privado.

“No podemos dejar en manos de los empleadores el control del empleo en nuestro país y por lo tanto acá una de las exigencias fuertes que hemos planteado es que cualquier política de subsidios tiene que ser sobre la base de exigirle a los empleadores que no pueden seguir despidiendo en lo sucesivo y evidentemente que eso acompañado de políticas para generar mayor contratación”, comentó.

Diferenciación entre pymes y grandes empresas

El economista e investigador de Libertad y Desarrollo, Felipe Berger, remarcó que condicionar a las empresas, en un escenario de crisis económica, pondría demasiada rigidez a la contratación, mermando la capacidad de recuperar empleos.

Si bien se abrió a una alternativa que distinga entre tipos de empresas, señaló que lo más importante en materia de políticas públicas será entregar flexibilidad a las empresas.

“Condicionar los despidos habría que hacer una distinción según el tipo de empresa. Por eso es importante que hoy día se genere una mayor flexibilidad en termino de subsidios de contratación, de manera tal de que todas las personas que no tienen trabajo encuentren nuevas fuentes de ingreso de manera tal para contribuir al ciclo económico”, aseguró.

En ese sentido, el director del programa económico de Chile 21, Eugenio Rivera, afirmó que las grandes empresas estarían en condiciones de asumir un reajuste salarial del 5%, por lo que el Ejecutivo podría plantear medidas que alivien esa carga en el segmento de empresas de menor tamaño.

“Las grandes empresas podrían perfectamente enfrentar un aumento en torno al 5% del salario mínimo. Eso tendría un impacto significativo en la demanda en particular de las pymes. El Gobierno podría levantar un programa de apoyo general a la operación de las empresas de manera de ayudarlos a enfrentar el alza de este 5%”, cree el especialista.

El último reajuste al salario mínimo legal fue en marzo, cuando en base a las proyecciones de inflación y crecimiento se elevó de 301 a 319 mil pesos.

El próximo lunes, Hacienda y la CUT retomarán las negociaciones, donde se espera un mayor acercamiento en cuanto a cifras.