En el marco del boom de la economía digital, el Servicio de Impuestos Internos (SII) confirmó que ya se encuentra definiendo protocolos para exigir obligaciones tributarias a los denominados influencers en redes sociales, los cuales reciben pagos por publicitar marcas, servicios, productos o eventos.

El organismo se ha enfocado en 69 cuentas de Instragram que superan los 100 mil seguidores. El objetivo es que el influenciador regularice la recepción de dineros, es decir, que los declare en su renta.

Esta información fue confirmada a Pulso por Álex Villalobos, jefe de Análisis Masivo de Cumplimiento Tributario del SII, quien dijo que a futuro podrían -incluso- generar contacto directo con las plataformas y los influencers más populares para profundizar en los modelos de negocio que están usando.

Villalobos subrayó que grandes y medianas empresas han estado disminuyendo su inversión publicitaria en las vías tradicionales, recurriendo cada vez más a estrategias de difusión mediante personas de alta exposición pública en redes sociales, tales como Instagram, YouTube o Facebook.

Conforme al citado medio, y en línea con las definiciones que está trabajando el SII, el animador Karol Lucero, o la egresada de derecho Raquel Calderón poseen cuentas que podrían ser fiscalizadas, junto con deportistas, conductores de TV, modelos y actores que conformarían el listado con las 69 cuentas que ya están en la mira.

Para el ente fiscalizador -que además viene resolviendo este tema con la OCDE- será fundamental en todos sus análisis la triangulación entre la cantidad de seguidores y el número de post publicitarios mensuales o semanales.

Advertencias previas

En marzo de 2019, Víctor Villalón, subdirector de Fiscalización del SII, ya había advertido que los influencers muchas veces “no conocen sus obligaciones tributarias”.

“Si están obteniendo una renta o un incremento de patrimonio, tienen que considerar la misma en su declaración personal de impuestos”, sostuvo.

Previamente, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) concluyó tras un estudio que el 51,5% de la publicidad en Instagram no se ajustaba a la Ley del Consumidor.

A juicio del organismo, buena parte de los anuncios fallarían por no identificarse claramente como tales o por no contar con la información veraz y oportuna estipulada en la ley.