Llama la atención como muchos “expertos” salen al paso hablando sobre si el sismo ocurrido este 19 de enero fue o no terremoto.
En estricto rigor y científicamente hablando, todos los sismos son terremotos, ya que, esta palabra significa “movimiento de la Tierra”.
Sin embargo, Chile tiene una particular forma de clasificarlos y va a depender del daño que generan.
Por ejemplo, si un sismo de magnitud 6,7 en Richter, como lo fue el sismo de Coquimbo, no genera grandes daños a la infraestructura ni registra un número importante de personas damnificadas o fallecidas, no se habla de terremoto, sino, de sismo de mayor intensidad.
Lo anterior se debe principalmente a la resiliencia desarrollada como país frente a este tipo de riesgo geológico, lo que obedece a dos factores: el primero, calidad de las normas de construcción que tenemos en el país, donde los edificios resisten sismos de magnitudes superiores a 9,0 Richter.
Como segundo factor está la aceptación de la población a este tipo de fenómenos, ya que hemos aprendido a golpes que vivimos en uno de los países donde se libera más del 50% de la energía sísmica del mundo. El nivel de sismicidad que existe en el territorio nacional es tal que, en los últimos 35 años, desde 1962, se han producido más de 4.000 sismos de magnitud superior a 5.0 Richter.
Ahora, más que la discusión si fue o no terremoto, se debería analizar el actuar de las autoridades y el tipo de planificación territorial que se lleva en nuestro país, a pesar de todos los desastres de origen natural y antrópicos que hemos tenido.
En esta ocasión se cuestiona el actuar de ONEMI sobre la evacuación preventiva que se hizo de la costa, sobre el absoluto desconocimiento de los protocolos de actuación que están acordados entre la ONEMI, el SHOA, y el Centro Sismológico.
En este caso, como no se tenía en el primer minuto de ocurrido el sismo, la magnitud y ubicación exacta, o si había probabilidad de tsunami o no, se decreta la evacuación preventiva, para disminuir el riesgo. De esta forma, al evacuar a las personas a zonas de seguridad, se disminuye su vulnerabilidad y el riesgo baja.
Una vez descartado por el SHOA la ocurrencia de tsunami producto del sismo, ONEMI decide mantener en la zona de seguridad a las personas como una medida de resguardo.
Es este organismo el que debe determinar si es seguro o no para la población volver a sus hogares, y no el SHOA o el Centro Sismológico como suele creerse, por lo tanto, el levantar la alerta de tsunami por parte del SHOA no implica necesariamente que ONEMI debe levantar la alerta de riesgo.
Pero viendo el tema más de fondo, lo que más preocupa es como se ha poblado la zona costera del país con muy pocas medidas de mitigación a los riesgos que significa habitar estas zonas. Desde 1570 a la fecha han ocurrido más de 20 tsunamis destructivos que han dejado miles de fallecidos en las ciudades y pueblos costeros.
Sin embargo, la planificación territorial no ha abordado este tema, y ha permitido que ciudades como Viña del Mar o La Serena no tengan vías de evacuación que lleven a la población a zonas de seguridad frente a un tsunami.
Un caso crítico lo presenta la ciudad de Mejillones, donde su configuración geográfica y la construcción de viviendas en la zona costera presentan un muy alto riesgo frente a un tsunami, ya que, al ser una ciudad plana, el tiempo que demoran las personas en llegar a zonas de seguridad que sobrepasen los 30 metros sobre el nivel del mar, hace casi imposible que puedan llegar antes de ser alcanzadas por el mar.
Es por esto, que la planificación territorial realizada por las municipalidades costeras y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, debe ser enfática en definir claramente las zonas de riesgo y las medidas de mitigación frente a este tipo de eventos. No se trata de construir una muralla gigante frente al mar, pero sí se deben tomar resguardos que permitan a la población ubicarse en zonas de seguridad antes de ser alcanzadas por el agua.
Resguardar, por ejemplo, calles que presenten las condiciones necesarias para ser definidas como vías de evacuación, debidamente señalizadas, donde las construcciones no representen un peligro, no se deje estacionar vehículos para facilitar el tránsito de las personas, que tengan un buen pavimento y pendiente adecuados para lograr llegar a zonas de seguridad en el tiempo correspondiente.
En aquellas zonas como La Serena donde no existen calles perpendiculares que lleven de manera rápida a una zona de seguridad, se debe privilegiar la evacuación vertical, donde los dos primeros pisos no pueden ser ocupados para residencia y se deberían utilizar sólo como estacionamientos, disminuyendo así el riesgo de la población que se encuentran en zonas de inundación.
Lamentablemente, la plusvalía de los terrenos cercanos al mar con riesgo de inundación por tsunami, paradójicamente son elevados, por lo que las empresas inmobiliarias no dudan en construir altas densidades de edificios y a un gran valor.
Pero lo que es más lamentable, es que las personas están dispuestas a pagar esos valores por vivir en zonas de riesgo, tal vez bajo el desconocimiento a lo que se exponen.
Por esta razón, la implementación de normativas se hace urgente. Se requiere de una ONEMI empoderada donde pueda interferir con opinión y voto en las políticas de desarrollo territorial, resguardando por sobre todo el valor de la vida de las personas.
Fabiola Barrenechea Riveros
Directora
Observatorio en Gestión de Riesgo de Desastres
Universidad Bernardo O’Higgins
