La semana pasada, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que autoriza a personal de las Fuerzas Armadas a hacer control de identidad y detenciones durante un estado de excepción constitucional de emergencia o de catástrofe.
Se trata de una iniciativa del Gobierno, firmada por el Presidente y los jefes de las carteras de Defensa Nacional, Justicia y Derechos Humanos, Seguridad Pública e Interior, y que se enmarca además en los compromisos asumidos con sectores del oficialismo y el Partido de la Gente para facilitar las sucesivas prórrogas del estado de excepción que rige en la Macrozona Sur.
La reforma constitucional de 2023 (Ley N° 21.542) facultó al Presidente de la República para ordenar a las Fuerzas Armadas resguardar la infraestructura crítica del país y las zonas fronterizas. Esta autorizó a las FFAA para realizar control de identidad y registro en las áreas de las zonas fronterizas delimitadas por decreto supremo, así como la detención para el solo efecto de poner a las personas a disposición de las policías.
Pese a lo anterior, el Ejecutivo argumenta que dicha habilitación no resulta aplicable durante un estado de emergencia o de catástrofe y que “se estima necesario facultar expresamente al personal de las Fuerzas Armadas desplegado en virtud de un estado de excepción constitucional de emergencia o de catástrofe, para realizar controles de identidad y detenciones en los términos establecidos en la ley”.
¿Qué dice el proyecto de ley?
La propuesta introduce modificaciones a la ley n.º 18.415, Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción, incorporando un nuevo artículo 7.º bis, el cual establece que durante el estado de emergencia o de catástrofe, el personal de las Fuerzas Armadas desplegado en las zonas bajo el mando del Jefe de la Defensa Nacional estará facultado para:
1) Practicar el control de identidad y el registro de vestimentas, equipaje o vehículos (artículos 85 y 86 del Código Procesal Penal).
2) Practicar el control preventivo de identidad (artículo 12 de la ley n.º 20.931).
3) Proceder a la detención en caso de flagrancia (artículos 129 y 130 del Código Procesal Penal o artículo 134 del mismo Código, tratándose de faltas). En ambos casos, la actuación debe tener por único objeto poner al detenido a disposición de Carabineros o de la PDI de forma inmediata y en el lugar más cercano posible, debiendo darse cumplimiento al deber de información al detenido (artículo 135 del Código Procesal Penal).
Apoyo y cuestionamientos al proyecto
Dentro del oficialismo valoraron el proyecto, asegurando que permitirá reforzar el trabajo de las Fuerzas Armadas cuando exista un estado de excepción constitucional. Así lo indicó el diputado de la UDI e integrante de la Comisión de Constitución, Eduardo Cretton:
“Desde la región de La Araucanía nosotros valoramos esta medida, pero entendemos que esto no simplemente va a permitir que el Ejército colabore con las policías en la región de La Araucanía, sino que en todo el país cuando se cumpla la circunstancia de estar bajo estado de excepción constitucional”, afirmó.
En tanto, la oposición advirtió de los eventuales riesgos que conlleva autorizar a militares a realizar controles de identidad. El presidente de la Comisión de Constitución, Jaime Mulet (FRVS), adelantó que buscará introducir modificaciones durante la discusión en particular y planteó el siguiente escenario para graficar sus inquietudes:
“¿Qué pasa si llega un presidente y usa las Fuerzas Armadas con estado de excepción para detener a los opositores, por ejemplo? Porque no hay control democrático, no pasa por el Congreso el estado de excepción de emergencia cuando se decreta”, sostuvo.
Luego de ser respaldado en general por la instancia parlamentaria, se abrió un plazo para el ingreso de indicaciones hasta el miércoles 8 de julio, tras la semana distrital.
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