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Primero, el embajador de Israel calificó a la Comunidad Palestina de Chile como una “organización radical”. Ahora cuestiona públicamente a la Municipalidad de Viña del Mar por una actividad desarrollada dentro de sus atribuciones. No son episodios separados: revelan una práctica de intervención en asuntos propios de nuestro país.
El problema de fondo es claro: ¿está dispuesto el Gobierno a defender la soberanía de Chile?
Un embajador tiene derecho a representar la posición oficial de su Estado y promover sus intereses. Lo que no le corresponde es actuar como supervisor del debate público del país que lo recibe, determinando qué actividades son aceptables, qué instituciones merecen aprobación o qué organizaciones poseen legitimidad para participar en la vida nacional.
La diplomacia no concede una licencia para tutelar a Chile.
El artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas establece el deber de los agentes diplomáticos de respetar las leyes del Estado receptor y no intervenir en sus asuntos internos. No es una formalidad protocolar, sino una regla esencial para que las relaciones entre Estados se desarrollen sobre la base de la igualdad soberana y el respeto recíproco.
Cuando una misión diplomática desacredita a actores nacionales, emplaza públicamente a autoridades o intenta condicionar las actividades de instituciones chilenas, ese principio se ve seriamente comprometido. Y cuando tales episodios se repiten sin una respuesta clara, el silencio oficial transmite una señal preocupante: que nuestra soberanía puede relativizarse dependiendo del Estado que la desafíe.
Esa es la encrucijada del Gobierno. La prudencia propia de las relaciones internacionales no puede convertirse en pasividad. Cuidar los vínculos diplomáticos no significa renunciar a la defensa de nuestras instituciones, del mismo modo que evitar una escalada innecesaria no obliga a permanecer indiferente frente a la reiterada transgresión de los límites de la función diplomática.
La soberanía no se defiende únicamente en discursos internacionales. También se defiende cuando una municipalidad recibe presiones externas, cuando una organización de la sociedad civil es estigmatizada por una embajada o cuando una comunidad chilena es tratada como sospechosa por expresar una identidad, una memoria y una posición política legítimas.
La Comunidad Palestina de Chile forma parte inseparable de nuestra historia nacional. Durante generaciones ha contribuido al desarrollo social, cultural, económico, académico y democrático del país. Presentarla como una “organización radical” no constituye una crítica política legítima: es una descalificación que busca sembrar sospechas sobre miles de chilenas y chilenos y reducir la diversidad de sus voces a una etiqueta destinada a excluirlos del debate.
Defenderla frente a estas descalificaciones no supone actuar contra el pueblo israelí ni contra la comunidad judía. Significa rechazar la estigmatización y reafirmar un principio democrático elemental: ninguna representación extranjera posee autoridad para decidir quién puede participar legítimamente en la vida pública chilena.
La respuesta necesaria no exige grandilocuencia ni la ruptura de relaciones diplomáticas. Exige firmeza institucional. La Cancillería debe utilizar los canales oficiales, representar la posición del Estado y recordar inequívocamente las obligaciones establecidas en la Convención de Viena. Debe señalar, además, que las municipalidades, el Congreso, las universidades y las organizaciones sociales chilenas actúan conforme a nuestras leyes y no están sometidas a la aprobación de ninguna embajada.
No hacerlo tendría consecuencias que trascienden este episodio. Significaría aceptar que un representante diplomático puede intervenir repetidamente en nuestra discusión interna sin encontrar límites. Y los precedentes que debilitan la soberanía nunca permanecen restringidos a una sola causa, comunidad o representación extranjera.
Chile debe relacionarse con todos los Estados desde el respeto, pero también desde la dignidad. La amistad entre naciones no supone obediencia; el diálogo no exige silencio y la cooperación jamás puede convertirse en subordinación.
Esa es la decisión que enfrenta el Gobierno: defender con claridad la independencia política del país o permitir que la cautela termine pareciéndose demasiado a la sumisión. La soberanía no admite defensas selectivas. O se ejerce frente a todos, o deja de ser soberanía.
