La tarde de este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó por 85 votos a favor, 53 en contra y una abstención, el proyecto de resolución que solicita al presidente José Antonio Kast instruir a todos los ministerios dejar sin efecto circulares, resoluciones u otro tipo de acto administrativo “que imponga el uso del lenguaje inclusivo en los diferentes servicios públicos, y que ordene por decreto el correcto uso del idioma castellano, prohibiendo cualquier distorsión gramatical en razón de género, etnia u otra clasificación identitaria”.
Se trata de una iniciativa impulsada por los diputados UDI Flor Weisse, Daniel Lilayu, Sergio Bobadilla, Cristóbal Martínez, Guillermo Ramírez, Marco Antonio Sulantay, Hotuiti Teao y Marlene Pérez.
El proyecto aprobado indica que “durante el gobierno del presidente Boric se intentó imponer forzosamente el uso del lenguaje inclusivo en diferentes servicios públicos, particularmente en los establecimientos educacionales, ordenando por medio de circulares el empleo de un idioma especial para referirse a personas que se identifican con un género distinto o simplemente definen su posición al respecto”.
La bancada del Partido Republicano festejó la aprobación del proyecto, señalando en una publicación de su cuenta de redes sociales que “el Estado debe hablar el idioma de todos los chilenos, con claridad y sin ideologías. Valoramos el fin del lenguaje inclusivo aprobado en la Cámara, para las instituciones públicas”, acompañado de una imagen con la leyenda “No más lenguaje inclusive”.
Cabe señalar que, más allá de una alusión a “distorsiones gramaticales del lenguaje”, el documento no hace una definición específica respecto de qué es lo que entiende por lenguaje inclusivo, algo que fue cuestionado por organizaciones sociales que ven en la resolución un retroceso.
El encargado de DDHH del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Ramón Gómez, señaló que “sin siquiera contar con una definición clara de lo que entienden por lenguaje inclusivo, la Cámara está enviando una pésima señal al intentar censurar formas de expresión que algunas personas utilizan para promover una comunicación más respetuosa con la diversidad social. El lenguaje no se impone por decreto ni desaparece por prohibición. En democracia corresponde garantizar la libertad de expresión, no restringirla”.
“Tememos el negativo impacto que esto puede tener en las personas históricamente discriminadas, en especial en las personas trans y no binarias, cuyo reconocimiento requiere de un lenguaje inclusivo, de manera de garantizar la no discriminación, tal y como lo exige la Ley Zamudio y lo ha planteado la jurisprudencia. Estaremos muy vigilantes a lo que ocurra y al uso que dará el Gobierno a esta petición parlamentaria”, aseguraron desde el Movilh.
¿Qué dicen los manuales de lenguaje inclusivo del gobierno anterior?
Al comienzo de la administración Boric, la Subsecretaría de la Niñez compartió un instructivo a través de sus redes sociales sobre cómo referirse a los niños, niñas y adolescentes, invitando a utilizar conceptos como las niñas, los niños o les niñes. La situación desató importantes críticas, donde incluso la Real Academia Española señaló que el uso de la palabra “niñes”, para referirse al conjunto de niños y niñas, es algo “ajeno a la morfología del español”.
Además de este evento, el cual generó bastante ruido mediático, en general, el enfoque del lenguaje inclusivo tendió a centrarse en el lenguaje no sexista y la equidad de género, más que en la imposición de neologismos en la gramática.
Ejemplo de lo anterior son algunos de los manuales de lenguaje inclusivo no sexista publicados durante el transcurso de la administración Boric, como el de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes (2022), el del Ministerio de Justicia (2023) y el del Ministerio de Relaciones Exteriores (2024).
En ellos, se encontró que las principales recomendaciones giraban en torno al uso de sustantivos colectivos, preferir términos más genéricos, utilizar la palabra “persona”, el uso de pronombres como “quien” o “cada” y el desdoblamiento moderado de sustantivos. Por ejemplo: en lugar de usar “El hombre”, usar “La humanidad”; decir “las niñas y los niños” en lugar de solo “los niños”; o cambiar “El desempleo entre los jóvenes” por “El desempleo juvenil”, entre otros.
Por ejemplo, el manual de la Subsecretaría de las Culturas norma expresamente que en los documentos formales, reglamentos y correos institucionales se debe evitar el masculino genérico universal, y exige preferir sustantivos colectivos como “la ciudadanía” en vez de “todos”, o “el funcionariado” en vez de “los funcionarios”.
Aunque el manual del Ministerio de Justicia sí incluye un apartado sobre el colectivo LGBT+ y menciona el reconocimiento de identidades no binarias, su recomendación práctica se limita a preguntar a la persona con qué pronombre se identifica y utilizar su nombre social, sin proponer cambios en la terminación de las palabras.
También se encontró que se desaconseja el uso de la “@” o la “x”, ya que su uso deja de lado la legibilidad de los textos. “El signo “@” no es lingüístico, rompe con las reglas gramaticales del idioma y es impronunciable; por lo tanto, su uso no es recomendable”, señalan los manuales.
Sí ocurrió también durante el gobierno anterior que algunos funcionarios, autoridades u organismos utilizaron de forma puntual la “e” en reemplazo de la “o” u otro tipo de neologismos en discursos orales o a través de sus cuentas de redes sociales. Por ejemplo, el mencionado instructivo de la Subsecretaría de la Niñez o cuando la entonces ministra de Salud, María Begoña Yarza, utilizó la palabra “mapadres”, para referirse a los padres y madres, algo que también generó repercusión mediática.
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