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Tras la Operación Tokio, crece la preocupación por el crimen organizado y el lavado de dinero en instituciones públicas y privadas. En Podría Ser Otra Cosa, Christian Nino-Moris, perito contable UDP, advierte sobre posibles vínculos con entidades bancarias. Explica que el lavado de dinero se realiza en tres etapas, destacando la integración como clave para dar apariencia de legalidad. Nino-Moris insta a fortalecer controles internos y supervisión para prevenir futuros casos.
Luego de la Operación Tokio, surgió un nuevo foco de preocupación por el avance del crimen organizado. Y las dudas se instalaron sobre el lavado de dinero a través de instituciones públicas y privadas.
En Podría Ser Otra Cosa conversamos con el perito contable de la Universidad Diego Portales, Christian Nino-Moris, quien aseguró que el caso no le sorprendió del todo. Aunque sí se preocupa por una eventual relación con la entidad bancaria, por lo que advirtió que “esperamos que sea un caso aislado”, sostuvo, considerando el prestigio de la banca chilena.
¿Cómo se blanquea el dinero?
El especialista explicó que el lavado de dinero suele realizarse por tres etapas: la colocación, la estratificación y la integración.
El perito indicó que, en el proceso, la más importante es la integración de los dineros. Ya que con ella los recursos logran circular con apariencia de legalidad dentro de la economía formal. Mezclando así las operaciones legítimas con las ilícitas, e incluso pagando impuestos.
En el caso de la Operación Tokio, sostuvo que el ejecutivo del banco detenido había actuado como un “facilitador”.
Lo anterior debido a que usaba cuentas personales y no necesariamente del banco donde trabajaba. Además, insistió en que aún “nadie es culpable hasta que la justicia lo determine”.
Nino-Moris advirtió que, aunque existen leyes e instituciones para combatir el lavado de activos, el desafío igual pasa por las personas y los controles internos que tengan las empresas.
Para evitar que situaciones como la del ejecutivo se repitan, a juicio del perito se deberían reforzar los mecanismos de reclutamiento y supervisión.
Lo anterior, especialmente en los sectores regulados, señalando, además, que “hay instrumentos legales y una estrategia nacional”.
Sin embargo, agregó que la detección de estos delitos depende muchas veces de las denuncias o de las señales de alerta.