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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El Senado respaldó en tercer trámite las enmiendas de la Cámara de Diputados al proyecto de desalinización de agua de mar, a un paso de convertirse en ley. La norma busca regular el desarrollo sostenible de proyectos de desalinización para mejorar seguridad hídrica, adaptación al cambio climático y proteger la biodiversidad marina. Establece que el agua desalada es un bien nacional de uso público, promueve su uso en consumo humano, saneamiento y recuperación de acuíferos sobreexplotados.

Este jueves el Senado respaldó en tercer trámite las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados y Diputadas al proyecto sobre el uso de agua de mar para desalinización, con lo que la norma queda a un paso de convertirse en ley.

El objetivo principal de este proyecto es “establecer una regulación para el desarrollo sostenible de iniciativas y proyectos de desalinización de agua de mar, contribuyendo con ello a una mejora en la seguridad hídrica, a una mejor adaptación al cambio climático y el resguardo de la biodiversidad y el uso sostenible de ecosistemas marinos y costeros”.

Uso de agua de mar para desalinización

La iniciativa establece que el agua desalada resultante del funcionamiento de las plantas que utilicen aguas de mar “constituye también un bien nacional de uso público, que puede ser aprovechado por los titulares de la concesión marítima que la fundamente, exclusivamente en la cantidad y con la finalidad que fueron requeridos”.

Además de instalar un marco específico, también busca regular el desarrollo de una Estrategia Nacional de Desalinización, con la finalidad de establecer las orientaciones y prioridades en el uso del agua de mar y la instalación de plantas desalinizadoras.

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Por otro lado, esta estrategia promueve la utilización preferente de aguas desalinizadas para el “consumo humano, doméstico y el saneamiento; el uso eficiente, armónico y sustentable del borde costero; evitar daños ambientales; recuperar acuíferos terrestres sobreexplotados, a través de su relleno y la sustitución de derechos de aprovechamiento que recaigan sobre ellos y minimizar los costos de este recurso tanto para el consumo domiciliario como productivo. Se ocupará, asimismo, de coordinar los esfuerzos públicos y privados que apunten hacia dichos objetivos”.

El proyecto de ley también dispone que “la instalación de plantas desalinizadoras deberá someterse siempre al sistema de evaluación ambiental”.