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Ley de probidad: Políticos deberán vender bienes para evitar conflictos de interés
Publicado por: C√°mara de Diputados
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Este martes el Congreso despach√≥ a ley el proyecto sobre probidad en la funci√≥n p√ļblica, nacido en medio de los √ļltimos esc√°ndalos que han golpeado a la pol√≠tica nacional por sus oscuras relaciones con el dinero.

Se trata de una iniciativa que regula a las autoridades que deber√°n declarar p√ļblicamente sus intereses y patrimonio, incorporando los bienes de los c√≥nyuges o convivientes y enumerarse a todos los parientes consangu√≠neos y pol√≠ticos.

La propuesta establece, adem√°s, que la declaraci√≥n de intereses y patrimonio deber√° efectuarse dentro de los treinta d√≠as siguientes a la fecha de asunci√≥n del cargo y se actualizar√° anualmente en marzo, y treinta d√≠as despu√©s de concluir sus funciones, seg√ļn especifica el portal de la C√°mara..

Deberá incluirse el nombre completo de sus parientes por consanguinidad en toda la línea recta que se encuentren vivos y en el segundo grado tanto en la línea colateral como por afinidad.

La declaración de intereses y patrimonio deberá comprender los bienes del cónyuge si están casados en sociedad conyugal y los del conviviente civil del declarante, si pactaron comunidad de bienes. En los otros regímenes la declaración será voluntaria.

¬ŅQui√©nes deben hacer esta declaraci√≥n?

La propuesta obliga a una serie de autoridades p√ļblicas a realizar declaraciones de intereses y patrimonio. Entre ellos, el Presidente de la Rep√ļblica, los ministros, los subsecretarios, los intendentes, los gobernadores, los secretarios regionales ministeriales, los jefes superiores de servicio, los embajadores, los ministros consejeros y los c√≥nsules.

Adem√°s, se incluyen a los alcaldes, concejales y consejeros regionales; el alto mando de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad P√ļblica; ejecutivos de las empresas p√ļblicas y aquellas en que el Estado tenga participaci√≥n (como TVN o Codelco).

Asimismo, se cuentan directores de corporaciones municipales; funcionarios fiscalizadores; funcionarios de planta y a contrata hasta el tercer nivel jerárquico y honorarios que perciban remuneración similar; rectores y miembros de juntas directivas de universidades estatales.

Tambi√©n estar√°n obligados a estas declaraciones los altos funcionarios del Poder Judicial; de la Fiscal√≠a; los jueces del Tribunal de Contrataci√≥n P√ļblica, de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y de los Tribunales Ambientales; los Ministros y suplentes del Tribunal Constitucional, los integrantes del Tribunal Calificador de Elecciones y los integrantes de los Tribunales Electorales Regionales; los miembros del Consejo del Banco Central; el Contralor General de la Rep√ļblica, el Subcontralor, los Contralores Regionales y quienes se desempe√Īen hasta el tercer nivel jer√°rquico en dicho organismo; los miembros de la directiva central de los partidos pol√≠ticos, en cuyo caso la informaci√≥n se entregar√° al Servel.

¬ŅQui√©n debe fiscalizar?

La Contralor√≠a General de la Rep√ļblica deber√° velar por el cumplimiento de las disposiciones por parte de las autoridades de la Administraci√≥n del Estado. El organismo contralor, por su parte, quedar√° a cargo de la C√°mara de Diputados.

No obstante, las personas jur√≠dicas que se desempe√Īen como mandatarios ser√°n fiscalizados por la Superintendencia de Valores y Seguros o a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, seg√ļn corresponda.

Las sanciones establecidas para las autoridades de la Administraci√≥n del Estado ser√°n aplicadas por la Contralor√≠a. Trat√°ndose del Presidente de la Rep√ļblica y los ministros de Estado, la Contralor√≠a General de la Rep√ļblica deber√° informar del incumplimiento reiterado a la C√°mara de Diputados, para los fines que sean pertinentes.

Fideicomiso ciego

Adem√°s, la iniciativa aprobada por los diputados y que ahora debe ser ratificada por el Senado, establece adem√°s el deber de elaborar un mandato especial de cartera de valores o fideicomiso ciego.

Este mandato es obligaci√≥n para el Presidente o la Presidenta de la Rep√ļblica, los ministros de Estado, los subsecretarios, los diputados y senadores, el Contralor General de la Rep√ļblica, los intendentes, los gobernadores, los consejeros regionales, los alcaldes y los jefes superiores de las entidades fiscalizadoras.

Lo anterior, siempre y cuando sean titulares de acciones de sociedades an√≥nimas abiertas, opciones a la compra y venta de tales acciones, bonos, debentures y dem√°s t√≠tulos de oferta p√ļblica representativos de capital o de deuda que sean emitidos por entidades constituidas en Chile, que se encuentren inscritas en los registros de valores que llevan las Superintendencias de Valores y Seguros y de Bancos e Instituciones Financieras, y cuyo valor total supere las 25 mil UF.

Obligación de vender ciertos bienes

Tal como indica el portal de la Cámara de Diputados, el texto legal dispone que estas autoridades deberán enajenar, o renunciar a su participación en la propiedad sobre los siguientes bienes:

1) El Presidente de la Rep√ļblica, los diputados, los senadores y el Contralor General de la Rep√ļblica, respecto de su participaci√≥n en la propiedad de empresas proveedoras de bienes o servicios al Estado o a sus organismos y en empresas que presten servicios sujetos a tarifas reguladas o que exploten, a cualquier t√≠tulo, concesiones otorgadas por el Estado, incluidas las concesiones de radiodifusi√≥n televisiva de libre recepci√≥n y de radiodifusi√≥n sonora.

2) Los ministros de Estado, los subsecretarios, los intendentes, los consejeros regionales, los superintendentes, los intendentes de dichas Superintendencias y los jefes de servicios, respecto de su participación en la propiedad de empresas proveedoras de bienes o servicios al Estado o sus organismos y en empresas que presten servicios sujetos a tarifas reguladas o que exploten, a cualquier título, concesiones otorgadas por el Estado, cuando se encuentren vinculadas expresa y directamente con el ámbito de su competencia o bien sujetas, de acuerdo a la ley, a su fiscalización, y en las concesiones de radiodifusión televisiva de libre recepción y de radiodifusión sonora.

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