Una prolongada huelga en una región minera de Bolivia, que trasladó sus protestas a punta de dinamita a La Paz, se constituye en el primer conflicto de grueso calibre del tercer mandato del presidente Evo Morales.
Las organizaciones civiles de Potosí (suroeste), donde Morales recabó un contundente 69% en las elecciones de 2014, piden al mandatario que cumpla, entre otras, su promesa de construir un aeropuerto internacional y una fábrica de cemento, proyectos que ahora sus ministros consideran económicamente inviables.
Durante los 18 días que ha durado la huelga, Potosí mantiene cortadas sus rutas hacia otras regiones del país, por lo que el desabastecimiento y la especulación se instalan en esa ciudad donde se halla el Cerro Rico, que desde la época de la colonia produce plata en abundancia.
Los dirigentes del comité civil de Potosí (Comcipo) están hace dos semanas en La Paz intentando hablar con Morales, quien se rehúsa a recibirlos. Los dirigentes, de su lado, tampoco quieren reunirse con los ministros. Dicen que hace cinco años llegaron a acuerdos tras una huelga de 19 días, que permanecen incumplidos.
Según dijo el politólogo Carlos Cordero a la AFP “el problema de fondo de este conflicto es, en realidad, la lucha desesperada del pueblo potosino por salir de la pobreza y la exclusión. El país ha prosperado en el últimos años (..), pero Potosí siente que esa riqueza no le ha llegado”.
El académico cree que se vislumbra en lo inmediato una negociación en las que Potosí logrará “compromisos del gobierno para tratar de resolver esta situación de pobreza. Hay poco que dialogar y mucho que negociar”, sostuvo.
Dinamita y fútbol
Tras fracasar un último intento el miércoles por lograr un acercamiento, cientos de mineros llegados de Potosí lanzaron cartuchos de dinamita en sus enfrentamientos con la policía antimotines, que dispersó la protesta en una zona de La Paz con disparos de gas lacrimógeno.
Las explosiones de dinamita provocaron serios daños en oficinas del Estado y la quema de un árbol en el jardín de la embajada de Alemania, además de 52 mineros detenidos.
Ahora “antes de instalar un diálogo deben liberar a los 52 detenidos”, advirtió el dirigente de los mineros Alejandro Santos. “Si no se los libera diría que estamos como en las épocas de las dictaduras” militares, de las décadas de 1970 y 1980, agregó Johnny Llally, líder de Comcipo.
En tanto, el presidente Morales, exdirigente de un sindicato de productores de coca, parece mirar con indiferencia el conflicto mientras juega al fútbol en otras regiones. Morales, cuya presencia en la negociación es considerada imprescindible por los dirigentes, jugó el miércoles en Chuquisaca, región vecina de Potosí, y dos días antes en Santa Cruz (este).
“No faltarán traidores pero igual la gente va a seguir apoyando (…) algunos dicen que no hay cambios, tendrían que ser ciegos para no ver o sordos para no escuchar”, dijo Morales el jueves.
Días antes, el gobernante acusó a algunos miembros del Comcipo de hacer un paro para destruir Potosí y recordó que el gobierno invirtió allí unos 1.300 millones de dólares solamente en carreteras.
“Lo que pedimos al presidente es que, en vez de que esté jugando fútbol, pueda sentarse de una vez (al diálogo) con el departamento de Potosí”, protestó Llally.
¿Colapso en la minería?
El ministro de Minería, César Navarro, advirtió que tras la prolongada huelga, Bolivia está “a unos días de que la empresa minera Manquiri pueda cerrar sus operaciones en la ciudad de Potosí”.
Manquiri, subsidiaria de la estadounidense Coeur d’Alene Mines Corporation, está ocupada por Comcipo desde el pasado 10 de julio, que amenazó con parar también a San Cristóbal, administrada por la japonesa Sumitomo.
El turismo podría también sufrir fuertes pérdidas en especial en el Salar de Uyuni, el mayor lago salado de la región. Como consecuencia de la huelga, casi un centenar de turistas, la mayoría argentinos, fueron evacuados del lugar tras días de permanecer varados.
Aunque por el momento las posibilidades de diálogo están cerradas, esta no es la peor batalla de Morales en 9 años de gobierno. En 2008 desarticuló un fuerte movimiento autonomista en seis de los nueve departamentos de Bolivia, que agitó el país durante semanas.
El jefe de Estado -izquierdista e indígena- asumió su tercer mandato en enero de este año, luego de que en el primero nacionalizara los hidrocarburos, en 2006. Poco después expulsó del pais al embajador estadounidense, a la DEA y a Usaid.