El Tribunal Electoral (TE) de Panamá levantó este miércoles el fuero penal para ser investigado por corrupción al ex presidente panameño, Ricardo Martinelli, quien demandó a su vez al Estado panameño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violación al debido proceso.
El TE decidió “levantar el fuero penal electoral que ostenta el señor Ricardo Martinelli en su condición de presidente y representante legal del partido Cambio Democrático”, según un acuerdo con fecha de 7 de abril hecho público este miércoles.
La decisión se debe a las sumarias seguidas en contra de Martinelli “por el supuesto delito contra la administración pública”, añade el Tribunal.
La Corte Suprema de Justicia de Panamá había solicitado el pasado 16 de marzo el levantamiento del fuero penal de Martinelli para abrirle una investigación por presuntos hechos de corrupción después de rechazar todos los recursos de la defensa del ex mandatario (2009-2014).
El levantamiento del fuero penal se produce el mismo día en que los abogados de Martinelli presentaron una demanda ante la CIDH por este caso.
“Hemos presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una demanda contra el Estado panameño por violación múltiple de diversas garantías y derechos humanos“, manifestó Sidney Sittón, uno de los abogados de Martinelli.
Además de la demanda, que incluye una indemnización económica por “daño material y moral contra Martinelli y su familia”, los abogados del exmandatario también solicitan medidas cautelares de protección para el expresidente.
Las investigaciones contra Martinelli, actual diputado del Parlamento Centroamericano, se originan en la supuesta sobrefacturación en la adquisición, por 45 millones de dólares, de comida deshidratada para escuelas del país.
Esas compras se realizaron a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN), un plan de emergencia para combatir la pobreza y cuyos dos últimos directores, Giacomo Tamburrelli y Rafael Guardia, están detenidos por delitos contra la administración pública y el patrimonio económico.
Guardia y Tamburelli habrían declarado durante los interrogatorios que Martinelli obligaba a firmar los contratos con los presuntos sobrecostos, argumentación que fue confirmada la pasada semana ante la Fiscalía por el ex ministro de la Presidencia -encargada del PAN- Jimmy Papadimitriu.
Según el Tribunal Electoral, la defensa de Martinelli, quien se encuentra desde enero fuera del país, tiene ahora dos días para presentar un recurso de reconsideración, según el fallo que lleva las firmas de los tres magistrados del Tribunal.
Varios ministros y altos funcionarios de Martinelli, empresarios y un ex magistrado de la Corte -apoyado por el expresidente- están presos o enfrentan procesos judiciales por presunta corrupción y enriquecimiento ilícito.
Martinelli, quien siempre ha negado las acusaciones, ha manifestado que todo se trata de una “persecución política” del actual gobierno en su contra.
“Hay persecución política por parte del gobierno porque Martinelli es la persona que representa al partido opositor más grande del país”, dijo Sittón.
