El caso de un hombre de 23 años asesinado en Hualqui, hace 10 días, supuestamente por legítima defensa del dueño de una cantina, podría sufrir un vuelco, ya que la familia del fallecido asegura que el joven fue atacado por varias personas dentro del local, contradiciendo completamente la versión conocida hasta ahora.
La madrugada del lunes 9 de marzo, Jonathan Castro Rebolledo de 23 años murió en el consultorio de Hualqui, de una puñalada en el abdomen, en un confuso incidente, en el que fue formalizado por homicidio J.C.H.M., de 58 años.
El hombre mayor aseguró que el joven asaltó su cantina, amenazando con una pistola a su esposa, a la que defendió, por eso apela a la legítima defensa.
Pero la familia del occiso cuenta una historia distinta, nacida a mediados de febrero, cuando un primo de Jonathan murió también asesinado en Hualqui, por un familiar del dueño de la cantina.
Seguramente, cuando pasó por afuera del bar, se generó una fuerte discusión por ese hecho, momento en que el joven entró al local, siendo emboscado por varios sujetos, que lo redujeron y apuñalaron mortalmente, comentó Geraldinne Mendoza, viuda de Jonathan con quien tenía dos hijos; uno de cinco años y otro de apenas tres meses.
La madre del joven, Carmen Rebolledo, dijo que los antecedentes policiales por hurto de su hijo que se dieron a conocer databan de la adolescencia, que había cambiado, al punto que se transformó en un notable exponente del kick boxing y que no portaba armas de ninguna especie.
El padre del occiso, José Castro, sospecha que el autor del crimen y su señora modificaron la escena del crimen, declarando que el asalto, a la una de la mañana, fue en su minimarket contiguo a la cantina, y que pese a la versión inicial de la mujer que ubicaba en su casa las armas que supuestamente portaba su hijo, una pistola y un cuchillo, éstas aparecieron en el domicilio donde el joven pidió auxilio, a dos cuadras del bar.
El caso es investigado por la brigada de homicidios de la PDI y fuentes de Radio Bío Bío indican que el caso transita por la delgada línea de la legítima defensa a la de un homicidio calificado por parte del dueño de la cantina, el que quedó libre tras la formalización.