Hasta los $6.000 millones de pesos aumentaron las asesorías externas contratadas por diputados durante los últimos dos años, según una investigación periodística que deja en evidencia la precaria fiscalización para conocer en qué se usaron los dineros.
Tras una revisión de 1.613 contratos de asesorías externas, Ciper Chile reveló el aumento de $2,25 millones anuales a $25 millones por diputado, desde 2012. Este incremento coincide con la aprobación en el Congreso de un nuevo método de fiscalización de los gastos, que muestra vacíos que podrían ser aprovechados para defraudar las arcas fiscales.
De acuerdo a la información, en 2012 los congresistas de la Cámara Baja ocuparon casi dos mil novecientos millones de pesos ($2.914.119.591) en asesorías externas, monto que se elevó al siguiente año a poco más de tres mil millones ($3.112.105.794). Pero además, no sólo los parlamentarios reciben montos para asesoría, sino que también las bancadas obtienen $257.000 mensuales por congresista.
De esta forma, la UDI recibió en ese periodo (2012-2013) $1.910 millones, lo que representa el 31,7% del gasto total de la Cámara, encabezando el listado de los conglomerados que reciben más dineros para asesorías.
El resto de los partidos se desglosa de la siguiente manera:
- Democracia Cristiana, con más de $1.046 millones.
- Partido por la Democracia, con $927 millones
- Renovación Nacional, con $766 millones
- Partido Socialista, con $605 millones
- Partido Radical Social Demócrata, con $276 millones
- Partido Comunista, con $146 millones
- Partido Regionalista de los Independientes, con $104 millones
- Diputados Independientes, que en conjunto gastaron $ 241 millones.
El grupo de los Independientes, corresponden a Marta Isasi, Miodrag Marinovic, Sergio Aguiló, Osvaldo Vargas, Pedro Velásquez y Roberto Delmastro. Este último, según destaca Ciper, usó cuatro millones en 2012, mientras que en el año siguiente no contrató asesorías externas.
Ciper Chile | www.ciperchile.cl
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QUIÉNES SE LLEVAN EL DINERO
Al momento de indagar quiénes son favorecidos con las asesorías, aparecen tres tipos de beneficiarios: Sociedades comerciales, sociedades sin fines de lucro y personas naturales. En el “top 5″ aparecen las siguientes organizaciones:
- Fundación Jaime Guzmán, con $451 millones. Esto se explica principalmente porque en el gremialismo existe la “tradición” de usar la entidad para contratar asesorías.
- Visión Legislativa y Parlamentaria y Compañía Limitada, con $357,5 millones, también vinculada a la UDI.
- Centro de Estudios Legislativos, Administrativos, Políticos y Económicos (Celap), con $215 millones, cercano al Partido Socialista y al PPD.
- Tinto Producciones, con $191,19 millones, vinculada a RN y Amplitud.
- Sociedad Legal Limitada, con $191,11 millones, otra que aparece relacionada con la UDI. Incluso, su dueño -Luis Eduardo Cantellano- se desempeñó como seremi de Energía en Atacama y Coquimbo.
Por otro lado aparecen las personas naturales, en un aumento progresivo que en el caso de algunos partidos de la Nueva Mayoría, como el PPD, se alzan con el 77% de los servicios contratados. Gran porcentaje de los involucrados, mantienen fuertes vínculos con el mundo político a través de los partidos.
- Marco Zepeda Risso, con $62,3 millones. Vinculado a los congresistas PPD Pepe Auth y Cristián Campos.
- Carlos Rubio Estay, $58 millones. Asesoró a Enrique Jaramillo (PPD) y Denise Pascal (PS).
- Antonio Veas Saavedra, $53,2 millones. Aparece vinculado a la bancada DC y en especial a Gabriel Ascencio y Gabriel Silber.
- Roberto Aguin Arriagada, $49,9 millones. Fue contratado por el socialista Manuel Monsalve.
- José Barría Bustamante, $49,9 millones. Relacionado con el independiente Miodrag Marinovic.
En el caso de Antonio Veas, el reportaje le cuestiona su doble militancia, es decir, además de ser asesor de congresistas, aparece registrado en “personal de apoyo” del diputado Ascencio. Similar situación ocurre con Esteban Zavala González, quien pese a ser contratado por la diputada Marta Isasi como asesor, también figuró como “personal de apoyo” de la cuestionada congresista, que incluso fue sancionada por la Comisión de Ética a raíz del irregular manejo de sus asignaciones.
FISCALIZACIÓN EN ENTREDICHO
Imagen de Archivo | Pablo Ovalle/AgenciaUNO
No obstante lo anterior, Ciper develó el precario sistema interno de fiscalización de la Cámara, que no permite conocer a ciencia cierta si efectivamente una asesoría se realizó. Esto, porque sólo se requiere la confirmación de parte del diputado que contrató al asesor, para cursar el pago, en base a reportes que incluso sólo constan de escuetos correos electrónicos.
“Junto con saludar y por especial encargo del diputado Marcos Espinosa, acuso recibo y conforme, asesoría externa correspondiente al mes de septiembre del presente año, para efectos de la cancelación de los servicios respectivos”, señala un e-mail fechado el 24 de septiembre de 2012 y que fue enviado por una asistente de Espinosa para cursar un pago de $6.168.000 a Consuelo Ramírez Acuña Asesorías Jurídicas EIRL.
Otro caso que llama la atención, es la asesoría que prestó en su oportunidad el actual ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio Reyes, al diputado Sergio Aguiló. El ahora secretario de Estado se embolsó $12,5 millones en los últimos dos años por una asesoría que fue consignada en una carilla.
Según admitió el coordinador del Comité de Auditoría Parlamentaria, encargado del control de las asesorías, “el trabajo que realizamos tiene que ver principalmente con examinar los papeles y documentos, las rendiciones de cuentas, si se están cumpliendo las normas, pero no avanzamos más allá”.
ENCUESTAS EN LA MIRA
Otra arista que se abre en la indagatoria realizada por Ciper Chile, son las encuestas encomendadas por los diputados, que son financiadas con dineros del Cogreso pese a que las mediciones apuntan a objetivos electorales y que no tienen relación con el trabajo parlamentario. Se trata de 75 asesorías, por un monto total de $330,7 millones.
Entre los parlamentarios “descubiertos”, se cuentan Andrea Molina (UDI), Fernando Meza (PRSD) y Cristian Monckeberg (RN), quienes pidieron encuestas para conocer “intención de voto”, evaluación a la gestión parlamentaria y panorama electoral. El problema radica principalmente en que las encuestas cuentan con un sistema de confidencialidad que impide a los funcionarios del Congreso conocer su contenido antes del término del periodo parlamentario.
