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Gobierno espa√Īol adopta controvertido proyecto de ley sobre seguridad
Publicado por: Agencia AFP
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El gobierno conservador espa√Īol aprob√≥ este viernes un muy controvertido proyecto de ley de seguridad ciudadana, tras haber suavizado el texto a ra√≠z de las virulentas cr√≠ticas de la oposici√≥n, que denunci√≥ un “proyecto de represi√≥n ciudadana” y un ataque contra el derecho de manifestaci√≥n.

La ley llamada de “protecci√≥n de la seguridad ciudadana” pretende reemplazar un texto precedente que data de 1992, conocido como la ley Corcuera por el nombre del ministro de Interior de esa √©poca, Jos√© Luis Corcuera, que tambi√©n levant√≥ pol√©mica antes de ser aprobado.

Su objetivo es “fortalecer la garant√≠a de las libertades p√ļblicas y la seguridad p√ļblica”, explic√≥ el actual ministro del Interior, Jorge Fern√°ndez D√≠az, tras el consejo de ministros semanal.

Para hacerlo, la nueva ley sancionar√° “de manera m√°s eficaz las conductas que constituyen amenazas para la seguridad ciudadana y que han evolucionado mucho” en los √ļltimos dos decenios, a√Īadi√≥ el ministro.

Este nuevo texto define tres tipos de infracciones: muy graves, punibles con una multa de entre 30.001 a 600.000 euros, graves (entre 1.001 y 30.000 euros) y leves (entre 100 y 1.000 euros).

Pero debido a las numerosas cr√≠ticas de la oposici√≥n en las √ļltimas dos semanas, el gobierno suaviz√≥ la ley antes de enviarla al Parlamento para ser debatida.

Esta √ļltima versi√≥n rebaja de “muy grave” a “grave” la celebraci√≥n de manifestaciones no autorizadas ante edificios oficiales como el Congreso de los Diputados espa√Īoles.

Este punto en particular había enfurecido a la oposición dado que la cámara de diputados de Madrid se había convertido en uno de los escenarios simbólicos de las protestas contra las políticas de austeridad del gobierno del conservador Mariano Rajoy.

Pero este texto edulcorado no ha aplacado las cr√≠ticas: un responsables del Partido Socialista, Antonio Hernando, denunci√≥ este viernes la “deriva autoritaria” del Partido Popular, en el poder con mayor√≠a absoluta desde finales de 2011.

“Es una operaci√≥n de maquillaje. Los objetivos son exactamente los mismos”, hab√≠a afirmado el jueves un portavoz del grupo parlamentario Izquierda Plural.

El texto recoge sanciones para un amplio abanico de actos, desde quemar contenedores a solicitar servicios de prostituci√≥n delante de una escuela o apuntar con rayos l√°ser a pilotos de avi√≥n o conductores de tren o autob√ļs.

Entre las disposiciones m√°s pol√©micas que finalmente se han rebajado de “muy grave” a “leve” est√°n los insultos a agentes de polic√≠a y la difusi√≥n de im√°genes que puedan atentar contra su seguridad o su honor.

Por el contrario, se definen como “infracciones graves” las “ofensas a Espa√Īa, a la Comunidades Aut√≥nomas y Entidades Locales o a sus instituciones, s√≠mbolos, himnos o emblemas, efectuadas por cualquier medio, cuando no sean constitutivos de delito”.

La futura ley “se suaviza porque era completamente absurdo pedir 600.000 euros a nadie por manifestarse delante del Congreso, es una cosa de locos pensar que alguien puede pagar 600.000 euros, tampoco 30.000″, aseguraba el jueves la n√ļmero dos del Partido Socialista, Elena Valenciano.

“Pero lo importante”, seg√ļn ella, “es lo que tiene en el fondo una ley que quiere reprimir el derecho de manifestaci√≥n de la gente”.

“En otros pa√≠ses europeos, hay de verdad problemas de violencia pero no es el caso de Espa√Īa. En Espa√Īa, la gente se manifiesta generalmente con mucha tranquilidad y esto parece casi una provocaci√≥n del ministro de Interior”, critic√≥.

El portavoz del grupo parlamentario Izquierda Plural, que agrupa a varios partidos progresistas, Joan Coscubiela, hab√≠a recordado que “la ley Corcuera todo el mundo la conoce como la ley de ‘la patada en la puerta’”.

Esta ley gener√≥ pol√©mica porque facilitaba los registros de las fuerzas del orden en casos de sospecha de delito flagrante. “Esta nueva ley podr√° ser conocida como la de ‘la patada en la boca’ de la democracia”, afirm√≥ el diputado.

Por su parte, la ONG ecologista Greenpeace reafirm√≥ el viernes su rechazo a la futura ley, denunciando “un paso m√°s en el plan de recorte de los derechos fundamentales en los que este gobierno se ha embarcado”.

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