Una denuncia contra el Estado de Chile fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en nombre de la comunidad Marihuén de Coronel. La acción legal tiene por objetivo paralizar el inminente desalojo de las siete familias mapuche que viven en un terreno cuya propiedad fue entregada por la justicia a un particular.

La información fue entregada a Radio Bío Bío por el abogado Alejandro Espinoza, patrocinador de la presentación en Estados Unidos, al explicar que fue el arzobispo de Concepción, Fernando Chomali, quien le solicitó hace un tiempo asumir la defensa de la comunidad indígena.

El lanzamiento de los miembros de la familia Marihuén desde un terreno de 11 hectáreas que residen desde hace décadas fue ordenado por los tribunales, luego de quedar a firme un fallo que entregó la propiedad del paño a la sociedad Playa Negra, del privado Alejandro Bravo.

El abogado Espinoza puntualizó que los argumentos de la denuncia son justamente esas resoluciones judiciales, dictadas ignorando los derechos de pueblos originarios que resguardan tratados internacionales suscritos por Chile.

En estos momentos está vigente el plazo fatal del 23 de octubre -decretado por el Juzgado de Coronel y confirmado por la Corte de Apelaciones de Concepción- para concretar el desalojo y entregar el terreno a la sociedad Playa Negra.

Sonia Marihuén, quien ha liderado con su familia el movimiento contra la medida, adelantó que resistirán cualquier intento de sacarlos del terreno.

La presentación en la Comisión Interamericana pide un medida cautelar urgente que obligue al Estado chileno a paralizar el lanzamiento de la comunidad indígena conocida como la única en una zona urbana.

Paralelamente, el gobierno ya cuenta con mediaguas para el traslado de los Marihuén en caso de que se concrete el desalojo, para lo cual la justicia dispuso la posibilidad de utilizar la fuerza pública.