Dos distintos análisis hay sobre la inhabilitación para cargos públicos dictada contra Marcelo Rivera por el Tribunal Oral de Concepción. Mientras el Ministerio Público sostiene que durante los próximos 6 años el ex alcalde no podrá ejercer en la administración pública, la defensa estudia un dictamen de Contraloría que podría eximirlo de esa pena accesoria.
Más que los casi 3 años de pena remitida que determinó la justicia por los delitos de fraude al Fisco y cohecho, a Marcelo Rivera lo que más le preocupa son las sanciones administrativas impuestas paralelamente por la justicia.
Los jueces del Tribunal Oral penquista determinaron la inhabilitación perpetua de Rivera para desempeñarse como alcalde y también para cualquier cargo público mientras dure la condena principal.
Así lo explicó el fiscal Patricio Aravena, al hacer un cálculo del tiempo que prohibiría al ex jefe comunal a trabajar en la administración pública.
Para Marcelo Villena, abogado defensor de Rivera, lo anterior es debatible, considerando pronunciamientos del órgano contralor que suspenden las penas accesorias cuando a la de cárcel se le concede beneficios.
Y justamente es el caso de Rivera, quien podrá cumplir los casi 3 años de cárcel en libertad, al haber aplicado el tribunal oral la ley 18.216 que contempla la remisión condicional de la pena.
Todo, sin embargo, queda en el debate, mientras se decide si se recurre de nulidad, las defensas contra el fallo condenatorio y la Fiscalía por la absoluciones.
