Un grupo de exonerados políticos recurrió a la justicia para evitar el anuncio del gobierno de comenzar a anular los decretos para el pago de pensiones, tras el informe de la Contraloría que detectó que cerca de tres mil de estas personas no calificaban para el beneficio.

El abogado que los representa, Carlos Flores, consideró que existe una campaña política del gobierno en contra de quienes sufrieron los rigores de la dictadura militar.

Apuntó a una cierta dicotomía de la Contraloría que primero aprueba a los postulantes y luego los censura.

Uno de los que firma este libelo contra las autoridades es el ex funcionario de la Corfo, Juan Bautista Enríquez, padre de uno de los jóvenes asesinados por la CNI en la Operación Albania.

Él acusó al gobierno de una maniobra para desacreditarlos públicamente.

El recurso lo presentaron ante la Corte de Apelaciones de Santiago y en él alegan que se les vulneran los derechos a la honra y a la propiedad.