El ministro de Justicia, Teodoro Ribera, manifestó sus reparos a las rebajas de condenas que favorecen a sujetos involucrados en crímenes de alta repercusión pública y que afectaron a menores, como el ex sacerdote José Andrés Aguirre, conocido como el “Cura Tato”, y el otrora exitoso empresario y principal cliente de una red de pedofilia, Claudio Spiniak.
El beneficio para ambos fue adoptado por la Comisión de Rebaja de Penas, que está compuesta por la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Amanda Valdovinos, siete jueces orales, un perito sicólogo, un perito asistente social y dos abogados del Ministerio de Justicia, además del Seremi.
En el informe que se dará a conocer este viernes, se determinó otorgar una rebaja de pena en dos meses al “cura Tato”, que fue condenado a 12 años por nueve delitos de abuso sexual contra menores y uno de estupro. Ya que le faltaba ese mismo lapso de tiempo para cumplir su castigo, el ex sacerdote podrá dejar de inmediato el penal Colina II cuando sea notificada esta decisión.
El beneficio, que se entrega a reos con buena conducta, también se lo adjudicó Spiniak, cuando le faltan tres años para cumplir los 12 años de su condena por los delitos de abuso sexual contra menores, promoción de la prostitución y producción de material pornográfico.
“Si una persona tiene un comportamiento ejemplar, sobresaliente y se hace acreedor de un beneficio por parte de una comisión integrada por magistrados y algunos funcionarios, el Ministerio de Justicia, más allá que le duela en el corazón, cumplirá la ley”, expresó Ribera.
El secretario de Estado reconoció que “en algunos casos me duele el corazón, porque tengo el temor que puedan reiterarse conductas como éstas en algunas de las personas beneficiadas”.
Otro de los que aparecerá en el informe, con la disminución en dos meses de su castigo, es el ex ejecutivo bancario Jorge Tocornal, sentenciado el 2007 a trece años por violación reiterada en contra de uno de sus hijos e incitación a actos de connotación sexual.
El titular de Justicia realizó estas declaraciones, luego de reunirse con el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, junto al director del Servicio Médico Legal, el doctor Patricio Bustos, con quienes resolvieron adoptar medidas para evitar el arresto de peritos que no se presenten a declarar a juicios en su calidad de profesionales del SML.
