Luego que el juez de la Audiencia Nacional de España, Pablo Ruz, procesara a siete ex miembros de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por secuestrar, torturar y asesinar al funcionario español de la Cepal, Carmelo Soria, en julio de 1976, el abogado de la familia de la víctima, Alfonso Insunza, anunció este martes que están a la espera de un pedido de extradición para pedir a la Corte Suprema la reapertura del caso.
“Tengo entendido que la justicia española pidió la extradición de estas personas, pero es algo que está en trámite y cuando se de curso a ello lo tendrá que ver la Corte Suprema en Chile”, señaló el profesional Agencia UPI.
Insunza sostuvo que “es difícil que los extraditen, pero sí serviría para que la Corte Suprema decida la reapertura del caso, al igual que en otros como en el caso Prats, el que sí se reabrió”.
A reglón seguido indicó que “reabrir el caso Soria es una posibilidad, pero todavía el pedido de extradición no se ha formalizado en Chile, tiene que llegar al Ministerio de Relaciones Exteriores y de ahí la Corte Suprema donde un ministro debe pronunciarse”.
El abogado Insunza explicó que la decisión del juez de la Audiencia Nacional de España de ordenar la búsqueda, detención e ingreso en prisión del suboficial José Remigio Ríos San Martín; los capitanes Jaime Lepe Orellana, Guillermo Humberto Salinas Torres, y Pablo Belmar Labbe; el teniente Patricio Quilhot; el general Manuel Contreras Sepúlveda; y el ciudadano estadounidense Michael Vernon Townley Welch se ajustada a los antecedentes de la causa.
El profesional dijo que desde hace mucho tiempo que se sabe que Carmelo Soria fue asesinado en julio de 1976 por la Brigada Mulchén de la DINA, que estaba integrada por los mismos que están siendo requeridos en España.
“Fueron procesadas en Chile dos de ellas, pero en el año 1996 la Corte Suprema decretó la amnistía y no se ha reabierto el caso”, afirmó.
Igualmente el abogado de la familia Soria sostuvo que “existe una arista que lleva el ministro Alejandro Madrid que tiene que ver con el intento de entorpecer a investigación”.
Insunza precisó que “están condenados en primera instancia Lepe y Quilhot por obstrucción a la justicia y otros delitos”.
El profesional puntualizó que “están todos en libertad salvo Contreras, y están bajo fianza Quilhot y Lepe en el caso que lleva adelante el juez Madrid por obstrucción a la justicia y por tratar de entorpecer la investigación del homicidio el año 93 y la apelación está pendiente en la Corte”.
