Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que apoyan a los inmigrantes y refugiados en Chile denunciaron discriminación por parte de las autoridades policiales del Aeropuerto Internacional de Santiago.

Estas reacciones ocurren después de que un grupo de 16 extranjeros, que pretendían ingresar a Chile como turistas, fueran reembarcados hacia sus países por no poseer el dinero suficiente para residir en el país.

Molestos se mostraron algunos representantes de Refugiados e Inmigrantes extranjeros en Chile, luego de conocer que en las últimas 24 horas un grupo de 16 extranjeros, entre ellos 10 colombianos, 5 peruanos y un estadounidense fueron reembarcados a sus países por no cumplir con la cantidad de dinero suficiente exigida a un turista.

Según indicó el jefe de turno del Departamento de Extranjería y Polícía Internacional del Aeropuerto de Santiago, comisario Cristián Villalobos, los ciudadanos extranjeros fueron reembarcados debido a que no portaban una cantidad de dinero suficiente que les permitiera residir en Chile y así evitar que se conviertan en una carga social para nuestro país.

Frente a esto, el Presidente del Comité de Refugiados Peruanos en Chile, Rodolfo Noriega, se mostró molesto y aclaró que existen muchos extranjeros que vienen a Chile a visitar a familiares y que han sido reembarcados ya que no portraban el dinero exigido por el gobierno chileno.

En esta línea, la Coordinadora de la ONG Pro Andes Chile, Carolina Huatay, criticó la normativa chilena que aún les exige a los extranjeros ingresar al país con una cifra no menor de 30 dólares por día. Montos que sólo quedan a criterio del funcionario policial.

Tal como lo recuerda Huatay, el reglamento que regula el ingreso de turistas extranjeros data desde la Dictadura.

Cabe recordar que el Ejecutivo estudia el envío al Congreso de un proyecto de reforma de legislación migratoria chilena, heredada del gobierno militar. Hasta el momento sólo han trascendido algunas iniciativas que incluirá el nuevo cuerpo legal.

Sin embargo, expertos y defensores en derechos humanos alertan acerca de la mirada policial y economisista que el Gobierno podría darle a esta reforma.