Un juez federal de Washington rechazó este jueves cambiar las reglas que han regido hasta ahora los encuentros entre detenidos y abogados en la prisión de Guantánamo, lo que supone un revés para el gobierno, que pedía un mayor control, según la decisión de la justicia.

En unos términos bastante severos, el juez Royce Lamberth estimó que el gobierno no tenía “ninguna autoridad jurídica para imponer unilateralmente un nuevo régimen sobre el acceso de los abogados” a la prisión estadounidense, ni siquiera en el caso de los reclusos que suspendieron los recursos judiciales sobre la legalidad de su detención.

“El acceso (de los detenidos) a los tribunales no tiene ningún sentido sin acceso a un abogado”, añade el juez en este documento del que la AFP obtuvo una copia. “El gobierno debe dejar a los demandantes comunicarse con sus abogados según el régimen” en vigor desde hace cuatro años en el centro de detención erigido en Cuba.

“Si la separación de poderes significa algo es que este país no está gobernado por decretos del Ejecutivo”, criticó el juez, estimando que el reglamento adoptado recientemente por el gobierno impedía el acceso a los documentos clasificados a los que los abogados tenían derecho antes y “amenazaba el principio de separación de poderes usurpando al judicial su misión de asegurar el acceso a los tribunales”.

El juez Lamberth aprovechó igualmente para lanzar una diatriba contra los procesos judiciales en Guantánamo. “En diez años, desde que los primeros detenidos llegaron a Guantánamo, sólo un puñado de ellos ha sido juzgado hasta el final o condenado. Pese a ello, el gobierno se ha esforzado en negarle a los detenidos su derecho de impugnar sus detenciones ilimitadas a través de procedimientos” judiciales.

Un portavoz del ministerio de Justicia, Dean Boyd, indicó que los abogados del gobierno “examinan el fallo” sin hacer comentarios sobre una eventual apelación.

“Esta reglamentación habría proporcionado al gobierno un control ilimitado sobre Guantánamo”, subrayó el Centro para los Derechos Constitucionales (CCR), en un comunicado.

“El tribunal reconoció la tentativa del gobierno de restringir el acceso de los abogados y de los hombres de Guantánamo en el último episodio de una historia de diez años de esfuerzos sucesivos para retrasar, frenar e impedir el acceso a la justicia”. “La decisión de hoy reafirma que los derechos constitucionales no están sujetos al capricho del Ejecutivo”, añadió Vincent Warren, director del CCR.