La Eurozona aumentó este martes la presión sobre Grecia, antes de decidir si da luz verde a un gigantesco rescate para salvar de la quiebra a un país al que ya varios dirigentes proponen excluir del bloque monetario.

Tras meses de tira y afloja, los ministros de Finanzas de los 17 países que forman la Unión Monetaria se reunirán el miércoles en Bruselas para decidir si desembolsan finalmente el segundo paquete de ayuda pública a Grecia, de 130.000 millones de euros, pendiente desde octubre de 2011.

De la votación depende además el plan para reducir la deuda griega de un 160% del PIB en la actualidad a un 120% hacia 2020, mediante una quita de 100.000 millones euros (de un total de 350.000 millones) que Grecia negocia con sus acreedores privados (bancos y fondos de inversiones).

Pero en las próximas horas el gobierno de coalición griego que encabeza Lucas Papademos deberá detallar un recorte adicional de 325 millones de euros y garantizar que los dirigentes de los partidos del Gobierno de coalición (socialistas y conservadores) aplicarán, quienquiera gane las elecciones de abril, las duras medidas de austeridad exigidas por Bruselas.

El Parlamento griego ya aprobó los ajustes, pese a las protestas masivas marcadas por enfrentamientos que dejaron varios edificios emblemáticos de Atenas reducidos en cenizas.

Si bien Alemania y la Comisión Europea (CE, ejecutivo de la Unión Europea) saludaron la votación del Parlamento, no hay aún señales claras de que el rescate será aprobado.

E incluso, hartos de las promesas rotas, se suman los países que hablan abiertamente de reducir la Eurozona a 16 miembros.

“Nosotros apostamos a que Grecia cumpla, a que la zona euro aporte fondos suplementarios y a una vigilancia clara (…) de la implementación de las reformas”, dijo el ministro de Finanzas de Luxemburgo, Luc Frieden.

Pero “si Grecia no cumple (…), el bloque monetario debería “continuar con 16 países”, agregó en Washington.

Luxemburgo, un país que goza de la máxima nota de solvencia financiera “triple A”, se suma así a Holanda, otro de los países de la Eurozona con la esa calificación, en proponer lo que hasta ahora era un tema tabú: la salida de Grecia de la Unión Monetaria.

Y los datos económicos siguen siendo pésimos.

La oficina de estadísticas divulgó que el Producto Interior Bruto (PIB) griego se desplomó un 7% en el cuarto trimestre de 2011, en términos interanuales. El país ingresó en su quinto año de recesión, con un desempleo que golpea a más del 20% de la población activa.

Los acreedores institucionales -UE, Banco Central Europeo (BCE) y Fondo Monetario Internacional (FMI)- exigían a Grecia los ajustes por 3.300 millones de euros aprobados por el Parlamento, que incluyen una reducción del 22% del sueldo mínimo, la supresión de 15.000 empleos públicos y recortes en las jubilaciones.

Está claro además que más de dos años después de que estallara la crisis en Grecia, cuya economía apenas representa un 2% del PIB de la Eurozona, los países de la Unión Monetaria están mejor preparados ante la posibilidad de que Atenas declare una suspensión de pagos.

Incluso países como China muestran mayor disposición a “aumentar” su ayuda al bloque, según declaró el primer ministro chino, Wen Jiabao, en Pekín.

Sin embargo, la salida a la crisis sigue lejana. La agencia de calificación Moody’s rebajó su nota a la deuda de España, Italia y Portugal, y dijo que considera degradar las calificaciones ‘AAA’ (la máxima posible) de Francia y Austria (ya rebajadas por Standard and Poor’s). También amenazó con rebajar la de Gran Bretaña, que pertenece a la UE (pero no a la Eurozona).

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) prevé un crecimiento de apenas el 0,4% del Producto Interior Bruto (PIB) para Alemania, considerada la locomotora de la Eurozona, muy por debajo del 3% de 2011.

El PIB de Portugal, uno de los países más amenazados por la crisis, se contrajo un 1,5% en 2011 y 1,3% en el cuarto trimestre en relación al trimestre precedente.

La “troika” compuesta por la UE, el FMI y el BCE comienza el miércoles su tercera evaluación de la aplicación de las reformas exigidas a Lisboa tras la concesión en mayo de 2011 de una ayuda de 78.000 millones de euros en tres años.