El Juzgado de Garantía de Talcahuano dejó afirme la audiencia de formalización de cargos del 27 de enero próximo, por delitos de corrupción pública contra el alcalde de Hualpén Marcelo Rivera y 7 de sus colaboradores. Así también, negó el levantamiento del secreto que protege la investigación; ambas peticiones realizadas por abogados particulares de los imputados y la Defensoría Penal Pública.

Por cerca de dos horas comparecieron las de defensas particulares, la Defensoría Penal Pública y el fiscal jefe de La Araucanía que encabeza la investigación del caso Rivera; ante el Tribunal de Garantía de Talcahuano.

Las partes debatieron el aplazamiento de la audiencia de formalización de cargos por delitos de corrupción pública, fijada para el próximo 27 de enero. Las defensas de los imputados pidieron repetir el proceso de notificación por lo que consideraron errores procesales en el contenido.

Sin embargo, el Ministerio Público argumentó que estos posibles errores sólo deben ser dados a conocer en la formalización, con lo que coincidió el juez Raúl Martínez, quien dejó afirme la audiencia, al igual que la reserva que rige en la indagatoria hasta el 4 de febrero.

Francisco García, defensor jefe local de Talcahuano, lamentó la determinación judicial, y respecto del secreto, sostuvo que sólo debiera ser aplicable a los delitos contemplados en la ley de activos y no en el resto de los delitos menores, como cohecho, fraude y exacción ilegal.

Por su parte, el fiscal que encabeza la investigación, Francisco Ljubetic, valoró la determinación del tribunal, argumentando la importancia del secreto a raíz de la protección de los intervinientes en la causa, y de los delitos que se consideran base en términos de la ley de activos.

En la oportunidad, el persecutor dejó abierta la posibilidad de nuevos imputados y jornadas posteriores de formalización de cargos:

A la audiencia del 27 de enero, se suma otra el día 31, en contra del empresario de Hualpén, José Moraga Rogel, quien es representado por los abogados Hugo Botto y Lisandro Godoy.

Mientras, el jefe de personal, Marío Gutiérrez, imputado por los delitos de fraude al fisco y exacción ilegal, fue representado por los abogados Enrique Hernández y Renato Fuetealba.

En tanto, el funcionario municipal Gastón Sanhueza, y Miguel Rivera, hijo del alcalde y concejal, ambos imputados por el delito de cohecho, fueron representados por los abogados Marcelo Villena y Marcelo Llanos.

El resto de los funcionarios municipales fueron representados por la Defensoría Penal Pública.