El Congreso de Ecuador inició el martes el debate final de un cuestionado proyecto de ley para regular a los medios, en momentos en que arrecia la pugna entre el presidente Rafael Correa y un sector de la prensa al que acusa de intentar desestabilizarlo.
La sesión empezó tras varios intentos para cambiar el orden del día por parte de opositores, que denuncian la iniciativa del oficialismo de izquierda como un atentado contra la libertad de expresión.
No hay un estimado de cuándo se votaría el texto, cuya aprobación requiere el apoyo de 63 de los 124 miembros de la Asamblea unicameral en este segundo debate. La primera discusión se dio el 5 de enero de 2010.
El movimiento Alianza País -en el gobierno- cuenta con al menos 55 de los votos necesarios, según fuentes legislativas, por lo que necesitaría ocho votos de asambleístas independientes para aprobar la ley.
El informe para segundo debate fue avalado a finales de julio, y prevé un consejo que regularía contenidos y ordenaría rectificaciones a los medios de comunicación.
Ese documento incluye otras cuestiones como la regulación o prohibición de contenidos violentos, discriminatorios o explícitamente sexuales; la conformación y alcances del consejo regulador, y responsabilidad ulterior.
El diputado opositor César Montúfar propuso archivar el proyecto, aduciendo que constituye un “grave atentado contra la libertad de expresión”, pues a su juicio, plantea la “censura previa” para la prensa, según dijo a la AFP.
Este martes en rueda de prensa, Correa justificó la iniciativa observando que en muchos países, incluido Estados Unidos, “hay ley de comunicación y consejos de regulación con participación del Ejecutivo”, y allí “a nadie se le ocurrió decir que no hay libertad de expresión”.
“En Ecuador hay gente que se dedica al periodismo y esconde sus ambiciones políticas”, anotó Fernando Vélez, aliado del oficialismo, en coincidencia con el presidente, que mantiene un agrio enfrentamiento con un sector de la prensa al que acusa de hacer activismo político.
La pugna se agudizó luego de que el 25 de octubre la ONG Fundamedios y varios periodistas denunciaran ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington la proliferación de procesos judiciales en su contra, en medio de una “sistemática política de acoso” del gobierno.
Uno de los casos mencionados fue el del diario El Universo, cuyos tres directivos y un ex editor fueron condenados en segunda instancia, el 20 de septiembre, a tres años de cárcel y al pago de 40 millones de dólares en una demanda por injuria del mandatario.
La sentencia fue apelada ante la Corte Nacional de Justicia, y se refiere a un artículo en que el periodista Emilio Palacio llamó “dictador” a Correa y le advirtió que podría ser procesado por crímenes de lesa humanidad a raíz de hechos suscitados durante una rebelión policial del 30 de septiembre de 2010.
En respuesta, el Ejecutivo ecuatoriano, que también asistió a la audiencia en Washington, difundió una semana más tarde cadenas de radio y televisión cuestionando a sus acusadores, lo que fue rechazado por la CIDH.
Las críticas del ente de la Organización de Estados Americanos (OEA) molestaron a Correa, que lo acusó de abusar de sus funciones y anunció que planteará un “cambio radical” al sistema interamericano en foros regionales.
La elaboración de una ley de comunicación está prevista por la Constitución de 2008 y fue ratificada en un referendo ganado por Correa el pasado 7 de mayo, en el cual los ecuatorianos respaldaron una prohibición para que los medios y la banca tengan inversiones fuera de sus ámbitos.
