La Corte Suprema de Estados Unidos anunció este lunes que aceptó tratar la constitucionalidad de la emblemática reforma de la sanidad del presidente Barack Obama, una ley bajo fuego de sus rivales republicanos en plena carrera a las elecciones de 2012.

Un vocero de la corte anunció que los nueve miembros examinarán “probablemente” el caso en marzo y se espera que en junio emitan un fallo que tendrá su impacto en las elecciones presidenciales de noviembre de 2012.

El tribunal considerará la demanda del gobierno de Obama de decretar la constitucional la reforma y dos denuncias contra la misma, incluyendo una presentada por 26 estados y pequeños negocios que quieren anular la totalidad de las medidas.

En abril pasado, la Corte Suprema rechazó tratar el caso, permitiendo a los tribunales inferiores que se ocuparán. Finalmente, la Corte Suprema decidió abordarlo ante las decisiones contradictorias adoptadas por ellos.

Así, un tribunal de apelaciones de Georgia (sudeste) consideró la ley inconstitucional. Dos otras cortes, también de segunda instancia, la de Ohio (norte) y la de la capital federal, Washington, confirmaron su constitucionalidad. Una cuarta, en Virginia (este), anuló el dictamen de inconstitucionalidad tomado en primera instancia.

La oposición dice que la disposición más controvertida de la ley -la que ordena que las personas se beneficien de un seguro de salud- viola derechos individuales establecidos en la Constitución estadounidense.

Sin embargo, la Casa Blanca expresó su satisfacción porque la Corte Suprema vaya a examinar esa norma legal, pieza clave en la campaña presidencial de Obama en 2008.

La oposición republicana argumenta que el Gobierno de Obama no puede obligar a la gente a suscribir un seguro de salud y su vocero John Boehner renovó el lunes sus pedidos para rechazar la ley.

Sin embargo, el senador demócrata Patrick Leahy, jefe del Comité de Justicia, dijo que “la mayoría de los tribunales de justicia han apoyado la constitucionalidad de esta ley histórica”.

La ley, promulgada en 2010, fue atacada por 26 estados de Estados Unidos que impugnaron su constitucionalidad y piden modificar toda su redacción.