El gobierno peruano advirtió este miércoles que no permitirá que siga el bloqueo de una carretera en la Amazonia peruana, cortada por campesinos cocaleros en huelga desde el domingo en una zona bajo estado de emergencia, dijo el ministro del Interior, Óscar Valdés.

“El Estado tiene que ser drástico y tiene que imponer su autoridad, no podemos permitir que se siga bloqueando carreteras”, declaró Valdés al señalar que es injusto que se interrumpa de manera abrupta una vía impidiendo el tránsito.

Centenares de campesinos cultivadores de hoja de coca -materia prima de la cocaína- mantienen interrumpida con troncos y piedras la circulación por la carretera Federico Basadre cerca a la ciudad de Aguaytía, en la provincia amazónica de Padre Abad, departamento de Ucayali, unos 600 km al noreste de Lima.

Decenas de vehículos se encuentran paralizados a ambos lados de la vía, la principal que conecta esa región con el resto del país.

Valdés refirió que la población afronta dificultades porque no llegan los recursos de primera necesidad y se encarecen los precios en los mercados.

El bloqueo se mantuvo este miércoles por cuarto día en varios tramos de la ruta, que es despejada por la policía en algunos sectores, pero que luego es cortada en otros tramos, informó una fuente del gobierno regional de Ucayali.

La huelga es en rechazo a la “erradicación compulsiva” de los cultivos de hoja de coca, informó Serafín Luján, secretario general de la Confederación de Productores de las Cuencas Cocaleras.

Según el dirigente, se destruyen los cocales de campesinos que venden su producto a la estatal Empresa Nacional de la Coca, que la destina al uso tradicional del mascado de la hoja, y no se acaba con grandes extensiones de personas vinculadas al narcotráfico.

El gobierno señala que la erradicación de los cultivos ilegales de hoja de coca forma parte de su estrategia para combatir al narcotráfico.

El martes el gobierno declaró el estado de emergencia durante 60 días en distritos y provincias de los departamentos de Huánuco, San Martín y Ucayali debido a la presencia de remanentes de la agrupación armada Sendero Luminoso, aliada al narcotráfico, y por el cultivo ilegal de la hoja de coca.

La emergencia implica la suspensión de los derechos de libertad, inviolabilidad del domicilio y libertad de reunión y de tránsito en el país. La policía mantendrá el control del orden con apoyo de las fuerzas armadas, según un decreto del gobierno.