Como “política generalizada” del Ministerio Público en casos mediáticos calificó el vocero de la Asociación Nacional de Magistrados, Leopoldo Llanos, la decisión del Ministerio Público de recurrir a la vía disciplinaria y penal para revertir decisiones adversas adoptadas por tribunales.
La discusión se generó luego que la fiscalía decidiera entablar una investigación por prevaricación en contra de un magistrado del tribunal de Garantía de Cabrero y tres la Corte de Apelaciones de Concepción, luego que se decretara el sobreseimiento definitivo de Patricio Sabaj en una investigación por el delito de fraude.
A esto se suma la queja disciplinaria planteada contra el juez Luis Avilés, del Octavo Juzgado de Garantía, por sus dichos en el marco de las audiencias de preparación de juicio oral del caso Bombas, sobre el trabajo desordenado del Ministerio Público.
“Es preocupante que cada vez que un juez resuelve en contra de sus intereses éstos optan por la vía disciplinaria en vez de usar los recursos que la ley prevé para impugnar una decisión adversa, pero peor aún, ahora vemos cómo se afecta la independencia de los jueces al intentar perseguir supuestas conductas constitutivas de delito en el ejercicio de su ministerio”, afirmó el magistrado
Añadió que lejos de atacar a los fiscales, su crítica apunta al Ministerio Público como órgano en el ejercicio de lo que parece ser una política generalizada. “Tememos que se trate de una práctica recurrente cuyo fin es el de eludir y dejar sin efecto decisiones judiciales, primero recurriendo a la vía disciplinaria en vez del ejercicio de recursos procesales; y que si las vías disciplinarias tampoco surten los efectos buscados, usar y abusar de la vía de la persecución penal contra los jueces por presuntos delitos ministeriales, lo que no puede interpretarse sino como un intento de un órgano público de inhibir a los jueces de actuar independiente e imparcialmente a la hora de ejercer su función propia de impartir justicia”, afirmó
Corte ordena sumario contra juez por Caso Bombas
El Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió abrir un sumario administrativo en contra del juez del Octavo Juzgado de Garantía, Luis Avilés, luego de la queja disciplinaria presentada por el Ministerio Público en su contra.
El órgano persecutor reclamó tras los dichos del magistrado en el marco del inicio de las audiencias de preparación de juicio oral del denominado caso Bombas, instancia en la que criticó abiertamente el trabajo de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, tildando la investigación como de “cuarta categoría” y de utilizar argumentos de “sociología barata” para sustentar las acusaciones en contra de los imputados.
En votación dividida el tribunal capitalino determinó abrir la instancia investigativa en contra del juez Avilés por considerar “graves” sus dichos.
De acuerdo a lo expresado por el presidente (s) de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Escobar, el argumento de la corte es “la gravedad de las actuaciones del juez en relación a sus expresiones usadas en la audiencia respectiva”.
En contra de esta decisión hubo cuatro votos. A cargo del sumario estará el juez Carlos Cerda Fernández, visitador del Octavo Juzgado de Garantía, quien a la sazón fue uno de los ministros que votó por archivar la queja planteada por el Ministerio Público.
