Un juez del noreste de Colombia declaró culpables el viernes a ocho militares por la ejecución extrajudicial de dos personas a quienes hicieron pasar por delincuentes abatidos, en la primera condena por el escándalo conocido como de los ‘falsos positivos’, según un reporte judicial.

El juzgado tercero del circuito especializado de la ciudad de Bucaramanga (395 km al noreste de Bogotá) dio a conocer el carácter de los delitos perpetrados por los uniformados, pero no informó de inmediato sobre la condena a la que serán sometidos. La Fiscalía pidió una pena de 60 años de prisión.

Inicialmente los militares habían señalado que dos personas identificadas como Andrés Pesca y Eduardo Garzón murieron en marzo de 2008 en una zona rural del municipio de Cimitarra, departamento de Santander (noreste), en un enfrentamiento del Ejército con presuntos secuestradores.

Pero luego se determinó que Pesca y Garzón, residentes en la población de Soacha, cercana a Bogotá, fueron engañados y llevados al noreste del país con la promesa de darles empleo. Garzón desapareció de Bogotá el 4 de marzo de 2008 mientras Pesca, el 2 de marzo del mismo año.

Según el fallo del juzgado, en la operación reportada por los militares se realizaron actos atroces que no tenían ninguna relación con el servicio. Además, los investigadores lograron desestimar que se hubiera presentado algún enfrentamiento entre las filas oficiales y las víctimas.

Por consiguiente, el juzgado condenó por doble homicidio agravado y doble desaparición forzada al coronel Wilson Castro, comandante del Ejército en la zona, al teniente Eduard Villani, al sargento Jose Ñiámpira y a los soldados Guillermo Pacheco, Juan Álvarez, Nelson Ospina, Venancio Puente y Germán Oliveros, estos últimos por complicidad.

La justicia colombiana impondrá la condena a los uniformados -que aguardan la sentencia en una guarnición militar de Bucaramanga- en una audiencia prevista a realizarse el proximo 28 de junio en esa ciudad del noreste de Colombia.

Más de un centenar de militares están siendo investigados por presuntas ejecuciones extrajudiciales de civiles, que podrían llegar a más de 2.000 en los últimos años.

Según las denuncias, la mayor parte de las víctimas fue presentada como guerrilleros muertos en combate, en un intento por mostrar buenos resultados en la lucha antisubversiva y obtener a cambio algunas prebendas, como felicitaciones y días francos, en un caso conocido en Colombia como el de los “falsos positivos”.