La Fiscalía Nacional Económica demandó a Pullman, Turbus y otras empresas de transporte público de pasajeros por colusión. Este es el primer caso de este tipo en que usaron interceptaciones telefónicas; mientras que las multas ascienden hasta 48 millones de dólares.

La Fiscalía Nacional Económica inició dos procesos judiciales ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) tras constatar la existencia de acuerdos entre competidores, con el objeto de impedir el ingreso de nuevos actores y de fijar tarifas a público, además de frecuencias en determinadas rutas del país.

En el primero de los requerimientos, la Fiscalía acusa a Servicios Pullman Bus Costa Central S.A., Empresa de Transportes Rurales Limitada, propiedad de Tur Bus; Sociedad Transportes y Turismo Norte y Compañía Limitada, a cargo de Romani y Transportes Cometa S.A. “por haberse coludido para acaparar oficinas en los terminales de Valparaíso, Coquimbo, La Serena y Carlos Oviedo Cavada de Antofagasta, obstaculizando el ingreso de nuevos actores a dichas rutas”.

El segundo requerimiento se refiere a la existencia de un acuerdo de tarifas y de frecuencias en la ruta Santiago-Curacaví, donde prestan servicios Ruta Vía Curacaví, Servicios Pullman Bus Costa Central S.A.y Atevil Mecánica Diesel S.A.

El Secretario del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, Alejandro Domic, explicó las características de la investigación.

Las demandas constituyen el primer caso con uso de interceptaciones telefónicas y se solicitan multas por un total de 48 millones de dólares.

El senador Juan Pablo Letelier, quien propició la investigación de parte de la Fiscalía Nacional Económica en los días previos a la Semana Santa, por las alzas de precios que siempre se registran en esas fechas, estimó que el anuncio es una buena noticia y que sienta un precedente.

Juicio que compartió el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, Hernán Calderón, para quien es evidente que las empresas de buses se han coludido para acordar sus precios durante años.

El informe de la Fiscalía Nacional Económica muestra que los hechos descritos en ambos requerimientos son de la mayor gravedad, ya que las requeridas a través de su actuar conjunto han afectado un mercado de reconocida connotación e impacto social, como es el mercado interurbano terrestre de pasajeros.