Las familias pehuenches desplazadas por la construcción de la central Ralco, en Alto Bío-Bío, anunciaron su intención de llegar a la justicia ya que afirman que Endesa y el Gobierno aún no cumplen los compromisos asumidos hace más de 7 años, cuando los indígenas aceptaron entregar sus tierras para llenar el embalse.

Recordemos que después de una intensa polémica por el mega-proyecto energético, en septiembre de 2003 se llegó a un acuerdo entre la generadora y las últimas familias que se oponían a la central Ralco, con la mediación del Gobierno.

Dicho acuerdo consideraba una serie de compromisos para los pehuenche afectados, como tierras y asistencia técnica, pero un grupo de ellos asegura que, pese a que ya han pasado casi 8 años, aún hay aspectos inconclusos.

Eduardo Cáceres Quintremán, vocero del grupo, aseguró que la excesiva demora les está haciendo evaluar la opción de recurrir a la justicia para que se resuelvan los puntos pendientes.

El dirigente adelantó que en las próximas semanas tendrán una reunión con los nuevos encargados de los temas indígenas del Gobierno y, en el caso de no haber avances, buscarán que los compromisos se cumplan por la vía judicial.

Al caso de las familias desplazadas por la construcción de la central Ralco, se suma al de los pehuenche de las comunidades de El Avellano y de Quepuca Ralco, cuyo cementerio fue inundado por la represa.

Sin embargo, pese a que ya han transcurrido 7 años, ese grupo indígena todavía gestiona con Endesa y el Gobierno que los restos sean exhumados y así llevarlos a un nuevo camposanto.