Estimados Señores:
A comienzos de la década de 1970, con “La Papelera ¡no!” como eslogan de unidad, ejecutivos, empleados, políticos y organizaciones sociales salieron en defensa de la arremetida de estatización de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, actual CMPC. La acción iniciada por el Ministerio de Economía con el anuncio de apertura de un poder comprador de acciones por parte de CORFO, basada en un criterio exclusivamente político, se estrelló con un sólido y amplio rechazo que cruzó transversalmente a la sociedad chilena.
Fuente: Essbio.cl
A 40 años de dicho evento, ahora en sentido opuesto, la Región del Bío-Bío es víctima y testigo de la arbitrariedad con la que suelen caer los gobiernos al privilegiar decisiones políticas por sobre consideraciones técnicas y económicas.
Para justificar la medida de enajenación de la participación accionaria de CORFO, el Gobierno Regional ha argumentado que los recursos provenientes de la venta de Essbio se usarían en la región para Ferrocarriles y en reconstrucción. Inverosímil argumento si se considera que el Gobierno Regional ha tenido poca o ninguna injerencia sobre el destino de los más de 20 millones de dólares anuales que aporta Essbio al Fisco.
Por otro lado, la argumentación omite la capacidad del Estado de Chile de emitir deuda para financiar el requerimiento de financiamiento indicado por el Gobierno Regional, cuya obligación financiera podría ser cubierta holgadamente con las utilidades de la Sanitaria.
Por su parte el Diputado Sauerbaum, en columna de opinión en la edición de este lunes 27 de diciembre de El Diario de Concepción, justifica la venta de Essbio por la incapacidad del Estado de mejorar el marco regulatorio. Absurda justificación de una tarea que el estado de Chile no ha hecho bien independiente si participa en la propiedad de Essbio o no. Con este argumento, si el Ministerio de Minería hubiese hecho mal su pega en el rescate de los 33 mineros, se debería haber vendido Codelco (¿?).
En resumen, hasta el momento no se ha escuchado ninguna razón válida que justifique la enajenación de un activo valioso para el país y para la Región del Bío-Bío. Es de esperar que, la pasividad con la cual las organizaciones sociales locales responden frente a la avasalladora coyuntura económica, de paso a una respuesta contundente que origine la “madre de todas las batallas” en defensa del patrimonio de todos los chilenos.
Renato A. Segura Domínguez
Académico y Economista Facea – UCSC
