 
Tiene razón la Intendenta de la Región del Bío-Bío cuando dice que, si ella no estuviera en el cargo, el caso judicial tras el remate en Tomé no habría alcanzado la relevancia que le dio la prensa. Pero discrepo con ella respecto de que las publicaciones sean una bajeza. No puede ser malo que se digan las cosas: lo terrible es que sucedan.
Es decir, que un tribunal remate un fundo de 157 hectáreas, a 15 minutos de Concepción, en 21 millones 783 mil 666 pesos… es algo así como la mitad del valor de un departamento nuevo de 90 metros cuadrados.
Hablamos de una propiedad que había sido adquirida en 129 millones de pesos, el año 2000, ahora con permisos aprobados para un proyecto industrial autorizado por Corema, por lo que su valor se estima en mínimo 500 millones de pesos. Fundo que, Mauricio Pavez, esposo de la entonces alcaldesa de Concepción
remató, como único oferente, por menos de 22 millones, aunque el avalúo fiscal era de 28 millones y, lo peor, para pagar una deuda de medio millón, al abogado Mario Boero Gasparini, profesional vinculado a la Municipalidad de Concepción, a la que había prestado servicios y con quienes tenía contratos.
Foto: Rafa Calero en Flickr
Fue el único en llegar al remate porque los avisos legales se publicaron en el diario “Crónica” de la época, haciendo mención de un “inmueble” en Rafael, zona rural de Tomé, con un mínimo de más de 21 millones, siendo lo habitual asociar inmueble con una casa, no con un fundo, aunque lo sea. Obviamente el aviso omitió mencionar las 157 hectáreas, aunque en otro aviso que remataba camioneta se incluía marca, kilometraje, estado, etc.
Un nuevo juez en Tomé con un nuevo secretario del tribunal, actuando como ministro de fe, decretó la nulidad lo obrado, por estar viciado el procedimiento. Textualmente dispuso que, “se anula todo y se condena en costas al beneficiado por haber actuado con manifiesta mala fe”.
No recuerdo haber visto en una frase tan dura en otra sentencia.
-El procedimiento fue contrario a lo establecido por la ley y con evidente ánimo de causar daño patrimonial enorme. Que no se cumplieron solemnidades legales. Que no se hizo la tasación conforme a la ley- se establece.
El abogado de la empresa perjudicada, Hera Bío-Bío, se enteró leyendo un diario viejo, del día anterior a su llegada a Concepción. Así supo que Mauricio Pavez se comprometía con el diputado Sergio Bobadilla a dejar sin efecto un vertedero en el fundo Curaco, “por la posible molestia a los vecinos”, agregaban.
El abogado de Hera Bío-Bío se fue al Conservador de Bienes Raíces de Tomé, donde consta que hay una nueva inscripción, habiendo sido eliminada la anterior de su cliente. Todo ello sin ser notificados y por una deuda de medio millón de pesos a un abogado que les había ganado un juicio “con pago de costas personales”. Para “cobrarse” de $500.000 al 3 de abril de 2009, les había rematado un fundo a una empresa que tenía varias cuentas corrientes y vehículos, pero le embargaron el fundo Curaco y en mala forma.
Lo embargan y lo rematan rapidito, con tanto apuro que hasta cobran menos que el paupérrimo avalúo fiscal de 28 millones para el pago de una deuda de medio millón. Algo realmente desproporcionado, más aún cuando el Código señala que “lo embargado no puede exceder lo necesario para responder a la deuda”, aspecto que no apreciaron ni el ministro de fé, ni el tribunal original en Tomé.
Anular todo y condenar en costas al beneficiado “por haber actuado con manifiesta mala fé”, citando la sentencia, resulta ser un acto de justicia.
Aún se podría apelar y me encantaría equivocarme. Que los tribunales superiores digan que que todo fue bien hecho, transparente y ajustado a las normas legales. Que fue una compra de oportunidad muy bien aprovechada.
