La dirección regional del Registro Civil en Los Ríos inició una investigación administrativa, para buscar responsables en el caso de un hombre en la comuna de Los Lagos que inscribió como su hijo a un menor, que ya había sido reconocido por su padre biológico, en Santiago. Mientras, el Ministerio Público en la zona investiga el delito de
“Usurpación de estado civil de padre”.

Cuando dicen que la realidad supera a la ficción, es difícil creer pero hay ciertas cosas que le dan la razón a esta teoría.

Simón, un niño nacido en febrero, hijo de la fallecida Carla Toledo Pineda, tiene como padre legal a un comerciante de Los Lagos, Munir Riadi, según el sistema informático del Registro Civil e Identificación.

Sin embargo, el menor permanece en Santiago a cargo de Marcelo Hernández, quien con examen de ADN, reclama la paternidad del pequeño, el que nació fruto de la relación que sostuvo con Carla Toledo.

Como no estaba casado con Carla Toledo, hizo el trámite de rigor: ingresó ante el Registro Civil de La Cisterna el acta de reconocimiento de su hijo.

Sin embargo, el 18 de marzo de este mismo año, una vez que la madre del menor ya había fallecido, el conocido comerciante de Los Lagos realizó el mismo trámite en dicha comuna. Y como en el sistema no figuraba el acta que ingresó Hernández en Santiago, quedó rápidamente registrado como padre de Simón.

De esta forma, según indicó el director regional del Registro Civil en Los Ríos, Jorge Figueroa, se inició una investigación administrativa que busca determinar si existe algún responsable en la entidad de este caso.

Cabe destacar, que esta instancia busca sólo a un responsable administrativo, luego que ya existía una inscripción previa. Según señaló el director regional, cuando no van ambos padres a reconocer a un menor, el funcionario sólo cree en lo que le dicen.

Finalmente, existe otra investigación por parte del Ministerio Público la cual busca determinar si a la fecha del segundo reconocimiento estaba inscrita en la primera acta, y si Riadi sabía o no que existía el primer trámite.

El delito que podría determinarse en este caso es el de “usurpación de estado civil de padre”, y las penas que se contemplan van de 511 días a 5 años de prisión, y una multa de entre 11 a 20 UTM.