El ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay impulsará un proyecto para anular la denominada Ley de Caducidad, que amnistió las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar (1973-1985), informó el sábado la prensa local.
Uruguay “debe adaptar su legislación a la normativa internacional. Si no lo hacemos, nos van a condenar”, advirtió el canciller Luis Almagro en una reunión con legisladores de la coalición oficialista Frente Amplio (izquierda), según consignó el diario Últimas Noticias.
Durante el encuentro, el jefe de la diplomacia uruguaya recordó que Uruguay fue demandado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA “por las demoras en diligenciar la investigación” del caso de la desaparición en 1976 de María Claudia García, nuera del poeta argentino Juan Gelman.
Fuentes del gobierno señalaron al periódico que desde la cancillería se trabaja en elaboración de un proyecto que anule y declare inexistente la norma, el cual será enviado próximamente al Parlamento.
La polémica ley, promulgada en 1986 y ratificada por la ciudadanía dos veces en 20 años -en sendos referendos de 1989 y 2009-, evitó enjuiciar a los violadores de los derechos humanos durante el régimen de facto, aunque dio al Poder Ejecutivo potestad para decidir qué casos podían ser sometidos a la justicia.
Bajo su vigencia, la justicia uruguaya dispuso en setiembre de 2006 los primeros procesamientos por violaciones de los derechos humanos en la historia del país, que recayeron sobre ocho militares y policías retirados.
Asimismo fueron condenados los ex dictadores Juan Bordaberry (1973-1976) y Gregorio Alvarez (1981-1985) a 30 y 25 años de prisión respectivamente; así como el ex canciller de la dictadura (1973-1976) Juan Carlos Blanco, sentenciado a 20 años.
