El Ministerio de Vivienda delegó toda la responsabilidad por irregularidades en la entrega de 3 mil mediaguas a los municipios y aseguró que fortalecerá las medidas de fiscalización para que este tipo de anomalías, y otras como las casas desocupadas de Talca, no vuelvan a ocurrir.

Así lo señaló la ministra de Vivienda, Magdalena Mate, quien dijo que como organismo público no hubo forma de prever que la entrega de beneficios a damnificados por el terremoto de febrero pasado tuviera irregularidades.

La secretaria de Estado precisó que toda la ayuda e información de los afectados se canalizó a través de los municipios, por lo que les corresponde a éstos responder por estas irregularidades. Una afirmación que la ministra entrega luego que la Cámara de Diputados aprobara la creación de una comisión investigadora sobre este tema.

Junto con responsabilizar a los ediles, Matte advirtió que fortalecerán las medidas fiscalizadoras para que este tipo de irregularidades, al igual que lo ocurrido con las casas desocupadas en Talca, no vuelvan a ocurrir.

En el escrito que cada beneficiario debe firmar, se señala que no podrá vender, arrendar, hacer usofructo de la vivienda o mentir sobre el ingreso familiar, de lo contrario pierde inmediatamente el beneficio.

Acusaciones que desestimó el presidente de la Asociación de Municipalidades, alcalde de La Granja, Claudio Arriagada, llamó al gobierno a aceptar también sus errores.

En esa línea también se manifestó el alcalde de Talcahuano, Gastón Saavedra, quien llamó a la prudencia.

Las declaraciones las entregó la secretaria de Estado tras realizar el balance sobre el plan de reconstrucción y la inscripción de damnificados que hasta la fecha ya van en 165 mil 382, de un total de 195 mil.

Sólo en la Region del Bío-Bío cuentan 63 mil 727 damnificados inscritos, mientras en el Maule la cifra es de 33 mil 661.

Asimismo, señaló que hasta la fecha ya se han asignado 22 mil 995 subsidios de reconstrucción y 5 casas definitivas fueron construidas.

La inscripción de damnificados se inició el 12 de abril pasado y se extenderá sólo hasta el 30 de julio para las comunas con más de 10 mil habitantes y hasta el 27 de agosto para aquellas localidades que están bajo ese número de habitantes.