Uruguay le garantizará a Argentina un “acceso pleno” de científicos para el monitoreo conjunto del limítrofe río Uruguay, en la contrapropuesta que le realizará el miércoles en Buenos Aires al gobierno de Cristina Kirchner, dijo el vicecanciller uruguayo Roberto Conde.

“La solución está en garantizar el acceso pleno de la ciencia a todos los análisis de los métodos y las muestras que sean necesarias” para elaborar “un informe exhaustivo que le dé garantías a ambos gobiernos y a ambas sociedades”, señaló Conde a la prensa.

El canciller uruguayo Luis Almagro viajará el miércoles a Buenos Aires para entregarle a su par argentino, Héctor Timerman, la respuesta a la propuesta formulada por Argentina la pasada semana en Montevideo para el monitoreo del curso fluvial compartido.

La instancia de negociación se desarrolla en el marco de un prolongado conflicto entre los dos países por la instalación en la vera uruguaya del río, de una planta de celulosa de la empresa finlandesa UPM (ex Botnia), cuestionada por los ambientalistas argentinos.

“Estamos dispuestos a un monitoreo total, ancho y absoluto de todo el río Uruguay en ambas orillas y con todas las garantías que todos debemos tener para apoyar el medio ambiente”, dijo Timerman la pasada semana en ocasión de entregarle la propuesta argentina al gobierno de José Mujica.

De su lado Conde, destacó que hubo avances trascendentes tales como “la base política del acuerdo” y “la visión conjunta de que es un protocolo de acción científica lo que tiene que determinar la solución”.

En abril, la Corte Internacional de Justicia de La Haya estimó que Argentina no había aportado “pruebas concluyentes” de que la pastera esté contaminando y exigió que ambos países realicen un monitoreo ambiental conjunto del río, en el marco de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).

El 2 de junio, los presidentes José Mujica y Cristina Kirchner se comprometieron a fijar en un plazo de dos meses criterios de monitoreo ambiental del río.

El 19 de junio, activistas argentinos suspendieron por 60 días el bloqueo del principal paso de frontera luego de tres años y medio, y exigieron a los gobiernos de Argentina y Uruguay que en ese lapso avancen con “medidas concretas y efectivas” para el control de la planta.