El próximo mes de julio comenzarán los juicios contra 6 de los dirigentes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), entre ellos Héctor Llaitul, sindicado como cabecilla de la organización y contra quien la fiscalía pide 103 años de cárcel.
El fiscal Andrés Cruz acusa a Llaitul y los demás integrantes del movimiento de diferentes delitos, entre ellos el ataque registrado en octubre de 2008 contra el fiscal Carlos Elgueta.
Para el abogado de derechos humanos Alberto Espinoza, las acusaciones y especialmente la petición de presidio hecho por la fiscalía son la evidencia del intento permanente por criminalizar una demanda histórica.
El jurista indicó, además, que en la actualidad existe una perfecta articulación de parte del Estado, en donde el Ministerio Público además de orientar la investigación califica los delitos y persigue a los mapuches y sus líderes calificándolos como terroristas.
La co-directora del Observatorio Ciudadano, Nancy Yáñez, recalcó que la aplicación de la Ley Antiterrorista contra los mapuches va en contra de lo planteado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, del cual Chile es firmante.
Por eso la especialista reiteró el reclamo al Estado a que no se aplique la Ley Antiterrorista en el caso de los mapuches, además de criticar el tipo de condenas que está pidiendo la fiscalía en el caso de los dirigentes de la CAM, las que a su juicio son absolutamente excesivas ya que superan incluso los cien años de presidio.
