La Fiscalía de Rancagua desmintió haber sido la fuente que asevera que se cuadruplicó el número inicial de funcionarios públicos que reconocieron haber entregado información a la Secretaria Regional de la DC de O’Higgins, Sara Romero, en la investigación por el denominado caso de intervención electoral en la zona.
Según consignó el vespertino La Segunda, ya serían “15 empleados de medio y alto rango que habrían confesado haber otorgado datos a la operadora política” , cifra que además sería inexacta.
De todas formas, el vicepresidente del PRI, Jaime Mulet, uno de los denunciantes de un eventual caso de intervención electoral, recalcó que estos datos demostrarían una punta del iceberg.
La fiscalía está a la espera de los peritajes de la unidad de cibercrimen de la PDI, cuyo objetivo es poder determinar si las bases de datos de los computadores incautados para la investigación desde la sede regional de la DC y de la Intendencia, corresponden a información sensible, ya que el Ministerio Público investiga la divulgación de datos privados, de lo cual habría novedades a fines de noviembre.
Por otra parte, este viernes la Contraloría de la Región de O’Higgins debiera notificar las sanciones administrativas a los funcionarios involucrados en la manipulación de datos de programas gubernamentales que habrían sido utilizados con fines electorales.
