Los países árabes y lo no alineados buscan el respaldo de la Asamblea General de la ONU este miércoles a su llamado para que israelíes y palestinos abran investigaciones creíbles sobre lo ocurrido en la Franja de Gaza hace casi un año cuando Israel lanzó una ofensiva militar.
En la jornada presentaron formalmente a la Asamblea un borrador de resolución que respalda las investigaciones sobre violaciones al derecho internacional que desarrolló un panel conducido por el ex juez sudafricano Richard Goldstone.
Dicho panel llevó a cabo pesquisas sobre el conflicto de 22 días iniciado a fines de diciembre de 2008 y cerrado en enero de 2009 con un saldo de unos 1.400 palestinos y 13 israelíes muertos.
Goldstone, judío y respetado por sus actuaciones como fiscal internacional, recomendó que Israel y el movimiento islámico Hamas -que gobierna la Franja- sean procesados en la Corte Penal Internacional de La Haya por violaciones a los derechos humanos si no realizan investigaciones creíbles en un plazo de seis meses.
Los países árabes quieren que la Asamblea General de la ONU respalde los trabajos del panel y que las investigaciones comiencen en tres meses.
El proyecto, del cual la AFP obtuvo una copia, pide además al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, transmitir al Consejo de Seguridad el informe de la comisión Goldstone.
Se espera que 43 representantes diplomáticos hablen ante el pleno durante un debate solicitado por el grupo Árabe de la ONU y apoyado por los 118 miembros de Movimiento No-Alineado.
El gobierno israelí, que ha criticado con dureza el informe Goldstone e intenta desacreditarlo, dijo este miércoles que el debate era “otra campaña contra las víctimas del terrorismo, el pueblo de Israel”.
Una conclusión clave del reporte señala a Israel por el uso desproporcionado de la fuerza en respuesta a los ataques con cohetes de los militantes islámicos de Gaza y que falló en proteger a los civiles.
El martes, la Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó el informe de la comisión de la ONU.
La Cámara apoyó así la posición del gobierno de Obama, que consideró que dicho reporte puede perturbar el proceso de paz en Medio Oriente.
