Son más de 900 acciones judiciales emprendidas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos contra agentes del Estado en el estallido social. Por esa razón, el informe anual de la instancia que estableció que hay antecedentes robustos para establecer que en este periodo se han cometido las más graves violaciones a los derechos humanos desde el retorno a la democracia.
En él se confirma lo que todos los informes de organizaciones internacionales, como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Organización de las Naciones Unidas, han sostenido: se necesitan medidas concretas y prontas para mejorar Carabineros.
El reporte comprende desde el 17 de octubre al 30 de noviembre, y enfatiza que no se trata de hechos aislados ni de simples excesos, y que son conductas que se repiten en el tiempo por parte de los agentes del Estado.
En particular, el capítulo de violaciones de los derechos humanos analiza la información recopilada por el INDH a partir de la observación directa por sus funcionarios y apunta a casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Habla del uso indiscriminado de medios disuasivos, el que a juicio del organismo responde, en parte, a una indebida autonomía de Carabineros al poder civil, exhibida desde iniciada la democracia. También acusa a esa institución de una excesiva demora en tomar medidas para evitar nuevas vulneraciones.
Según el INDH, el Estado ha faltado gravemente a su deber de proteger derechos humanos, como el derecho a la vida y la integridad física y psíquica, a la propiedad privada y libertad de circulación, al no poder garantizar el orden público ni la seguridad ciudadana.
En el informe, la instancia emplaza al Estado a avanzar en verdad, justicia, reparación integral y medidas de no repetición. Y subrayó que la mayoría de los casos registrados ocurrieron durante el estado de excepción, por lo que es totalmente inconveniente que las Fuerzas Armadas participen en tareas de orden público.
Pero también recomienda a las carteras de Hacienda, Economía y Desarrollo Social, formular políticas públicas de apoyo en favor de comerciantes y pymes afectadas, aludiendo a las violaciones de derechos humanos por inacción de los agentes del Estado.
Jan Jarab, jefe de la oficina de derechos humanos de la ONU en América del Sur, destacó el informe del INDH y llamó a implementar las recomendaciones con urgencia.
“Saludamos el informe anual del INDH, el informe más completo de todos. Llamamos a la urgente implementación de las recomendaciones del informe del INDH y también de nuestro informe del ACNUDH. Llamamos a un cambio verdadero”, remarcó.
“Apoyo integral”
Por su parte, el gobierno comprometió aplicar las recomendaciones, según sostuvo el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. “Corresponde lamentar todas las denuncias en materia de DDHH que son graves y que tienen que ser investigadas y, de hecho, están siendo investigadas, están en sede administrativa, en Carabineros. De hecho, ya hay medidas disciplinarias que se han tomado, como también en sede penal”, aseguró.
Del mismo modo, sostuvo que se va a “estudiar este informe, lo revisaremos y pondremos en marcha las principales recomendaciones que surgen de él”.
Respecto al Ministerio Público, el ministro aseguró que “la Fiscalía está haciendo su trabajo y eso es fundamental, porque no puede haber impunidad”.
Por su parte, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, valoró el trabajo del Instituto Nacional de Derechos Humanos y el informe anual de la institución entregado durante la jornada.
A su juicio, desde los 90 se han evidenciado violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, en casas de menores y en las cárceles, pero sostuvo que lo que ha constatado ahora este estudio y también otros organismos internacionales, son muchas violaciones a los derechos humanos en un periodo delimitado de tiempo, eso, según el secretario de Estado, obliga a fortalecer la instituciones y son casos que se deben seguir investigando.
Larraín dijo que el hecho que sean graves y que se hayan repetido es suficiente para tomarse esto con la mayor seriedad y con eso incorporar cambios que eviten la reiteración de estas vulneraciones y que en el futuro no vuelvan a instalarse.
“Estamos trabajando ya para darle curso a todos estos informes y en particular a través de nuestra comisión técnica asesora ver cómo le damos seguimiento a esos informes y en particular cómo trabajamos la situación de las víctimas a través de algún apoyo integral que permita desde ya acompañarlas”, subrayó.
Con todo, el INDH espera presentar un segundo informe con lo ocurrido en el mes de diciembre.
