En tres fallos esta semana la justicia ha condenado a los bancos a devolver el dinero que fue sustraído a usuarios por fraudes, que alcanza la suma de 18 millones 450 mil pesos. La seguidilla de resoluciones en contra de las entidades llega cuando se define en comisión mixta el futuro de un proyecto de ley que pretende cambiar la regulación sobre ese tipo de conflictos. La iniciativa haría casi automática la restitución del dinero, pero sólo hasta un millón de pesos.

Con argumentos similares, los tres fallos conocidos esta semana confirman que son los bancos los que tienen el deber de tomar medidas para proteger las cuentas de sus clientes.

El lunes, la Primera Sala de la Corte Suprema determinó que el Banco Santander debía restituir a una clienta 8 millones 450 mil pesos que se le habían sustraído por un delito informático.

Los ministros que revisaron el caso determinaron que Santander Chile incumplió con sus “obligaciones de resguardo y seguridad”.

Al día siguiente, se difundió el fallo de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago contra BancoEstado por un fraude cibernético en el que se extrajeron 5 millones de pesos de la cuenta de un cliente.

Los ministros ordenaron la restitución tras concordar que la entidad no empleó “las medidas de seguridad y resguardo necesarios en el uso y manejo de la página web”, en términos tales de impedir la autorización de una transacción sin asegurarse que la persona que la realizó haya sido el cliente.

Contexto | Hans Scott | Agencia UNO
Contexto | Hans Scott | Agencia UNO

Finalmente, el miércoles la misma Corte de Apelaciones, pero la Tercera Sala, determinó que Banco Santander actuó de manera “ilegal y arbitraria” al no restituir 5 millones de pesos que se le habían extraído a una clienta que fue objeto de un fraude telefónico.

De acuerdo al razonamiento del tribunal, la mujer recibió un llamado en que le proporcionaron una serie de antecedentes y datos personales, “que ordinariamente hacen presumir que se trata de una llamada real, efectuada desde la entidad bancaria”.

Considerando ese factor y que el banco es quien tiene la obligación de adoptar “todas las medidas de seguridad necesarias” para proteger el dinero de sus clientes, es que se determinó ordenar a la entidad que devuelva la suma.

En total son 18 millones 450 mil los que deberán devolver las instituciones, específicamente 13 millones 450 mil el Banco Santander y 5 millones el BancoEstado.

Proyecto de ley aceleraría restitución, pero sólo hasta $1.000.000

Actualmente se tramita en el Congreso un proyecto de ley ingresado en 2017 por el senador Manuel José Ossandón, el que regula cómo deben actuar los emisores ante los fraudes, ya sea por transferencias, tarjetas de crédito u otra vía.

La Cámara había aprobado que los bancos debían restituir todo el dinero en siete días y que tras ello podían acudir a la justicia en caso de recabar antecedentes que acreditaran que no existió fraude realmente.

Sin embargo, el Senado rechazó esos puntos, tras considerarse en la comisión de Economía que existían elementos inconstitucionales, como que el tiempo que se le daba a los usuarios para denunciar el fraude era indefinido. También se cuestionó que se devolviera primero el dinero y después se pudiera recurrir a una vía judicial.

Por ello, el proyecto llegó a comisión mixta, la que precisamente sesionó ayer martes. En ella ya se acordaron modificaciones para que se pague en cinco días a los usuarios afectados, tras realizar la denuncia, pero sólo hasta 35 UF, equivalente a casi un millón de pesos a día de hoy.

Si el monto reclamado fuera superior, el emisor deberá restituir en el mismo plazo 35 UF y tendrá siete días hábiles para devolver el resto del dinero al usuario o ejercer acciones legales para judicializar el caso.

Serían los juzgados de Policía Local los que deberían resolver en primera instancia sobre la materia, proceso en el que el emisor deberá mostrar antecedentes que acrediten “la existencia de dolo o culpa grave por parte del usuario”.

Es decir, el banco deberá probar que el usuario en realidad intentó engañarlo denunciando el fraude, o que fue abiertamente negligente, omitiendo las precauciones más elementales para proteger su cuenta bancaria y por ello se produjo el fraude.