Las armas de fuego que se solían incautar hace unos años en diversos procedimientos policiales, en la región de Ñuble, generalmente correspondían a allanamientos por droga, especialmente, en aquellos que se realizaban en domicilios ubicados en sectores rurales, siendo generalmente, escopetas.
Alguna pistola –casi siempre de fogueo o hechizas- se solía recuperar en las incautaciones en los sectores urbanos, también por causas de droga.
Sin embargo, ya desde el 2018 empezaron a aparecer fusiles, subametralladoras y pistolas que ni siquiera existen en el mercado nacional.
Este fenómeno ya no solo se advertía en aquellas investigaciones por casos de tráfico de drogas, sino que hoy es el resultado de procedimientos por hurto, receptación, violencia intrafamiliar, robo y abigeato. Incluso, como se vio a mediados de mayo tras un procedimiento de la PDI, por un delito que en el papel está lejos de ser violento, como la clonación de vehículos.
Decir, entonces, que las armas de fuego se hicieron un elemento común y frecuente en todos los delitos, más que una frase incendiaria, es una sentencia que encuentra total respaldo en las palabras del fiscal Álvaro Hermosilla. Él es jefe de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional de Ñuble.
“Obviamente se trata de una cifra que no podemos conocer, pero en relación a lo que estamos viendo en los procedimientos y en las incautaciones policiales, la impresión que tenemos es que está circulando en la región un número de armas mayor a otros años, y además, armas de mayor peligrosidad”.
Tal sentencia asoma como un complemento lógico a aseveraciones realizadas este mismo mes por diversas autoridades, como el delegado presidencial, Claudio Ferrada, quien admitió que en la región –como en el resto del país- ha aumentado la violencia de los delitos comunes.
Este mismo mes, Ñuble supo de un carabinero y dos menores de 13 y 16 años muertos por heridas de proyectiles balísticos, y otros dos lesionados por la misma causa, estando, al menos, los tres primeros hechos relacionados con delitos de drogas.
Fue en 2019 que la Fiscalía Regional creó un Foco Investigativo respecto de armas, siendo uno de los primeros pasos de la unidad el levantamiento de la cantidad de armas irregulares en la región. Es decir, aquellas armas que pese a que sus legítimos dueños o fallecieron o las abandonaron, seguían en manos de civiles sin la respectiva renovación de los permisos.
Es así que la PDI concluyó que este número alcanzaba las 4.388 armas en esa condición.
Pese a que se han realizado diversas campañas para fomentar la devolución de estas armas, el fiscal admite que “hasta el momento, llevábamos 164 armas incautadas hasta el año pasado, y este año no son más de 50”.
Lo anterior demuestra que pese a los intentos de las autoridades locales por fomentar la devolución de armas voluntaria, solo ha logrado una entrega del 5%.
Prohibición total
Como el fenómeno se repite en diversas comunas y regiones de Chile, en especial en la región Metropolitana, una de las soluciones planteadas por el Gobierno es la de avanzar hacia una legislación que prohíba de forma absoluta y total la tenencia de armas por parte de civiles.
El anuncio hecho por la ministra del Interior, Izkia Siches, encontró instantánea oposición en un sector de la comunidad nacional, especialmente en quienes participan de clubes de tiro, caza y pesca o quienes apelan al legítimo derecho a defensa. Una de las voces más reconocidas en esta resistencia e la abanderada nacional de los equipos olímpicos de Chile, Francisca Crovetto, máximo exponente nacional del tiro skeet.
“Una vez más pagamos deportistas y civiles responsables por el accionar de delincuentes”, fustigó ante estos anuncios la tiradora, quien añadió en su cuenta de Instagram, que “si lo que señala la ministra Siches se concreta, desaparecerán deportes olímpicos que le han dado a Chile medallas mundiales y olímpicas”.
El reproche del rostro olímpico nacional también tuvo ecos en el ámbito local.
El abogado experto en derecho penal, con experiencia laboral en la Defensoría Penal y el Ministerio Público, Jaime Carrasco, criticó el proyecto no solo desde lo deportivo, (es secretario del Club de Tiro, Coronel Corenlio Saavedra), sino que apunta hacia aspectos más amplios.
“Si esta ley se llegara a aprobar, se estaría perjudicando a muchas personas, como por ejemplo, a los dueños de tiendas de armas y artículos deportivos, a los importadores, y a los armeros acreditados como reparadores profesionales. A todos ellos se les limita la libertad de trabajar, sin contar a quienes usan escopetas para cacería de subsistencia en las zonas rurales”, explicó.
Por lo mismo, Carrasco añadió que es urgente conocer los detalles de la propuesta de Gobierno, “ya que se pretende crear una oficina fiscalizadora y no sabemos si operará por sobre la Dirección General de Movilización Nacional, o de forma paralela”.
Seguidamente, el abogado sostuvo que el Gobierno se basa en una premisa errada para darle curso al proyecto.
“Ellos dicen que el 80% de las armas que se han incautado tras la comisión de delitos, provienen del robo de armas a particulares y eso no es cierto. Es más, se le solicitó al Gobierno, a raíz de estos dichos, por Ley de Transparencia, el número exacto de armas incautadas tras ser robadas a particulares, y el resultado no superó el 8%”, aseguró.
Por último, hizo hincapié en que se debe proteger los derechos a la legítima defensa y “a heredar bienes de valor, como las armas, porque no se puede pretender que sea obligatorio devolverlas cuando la persona que las compró fallezca. Personalmente, soy de la idea que a toda persona que adquiera un arma, y a pesar de que los obstáculos son cada vez mayores y más costoso el proceso, se deba incluir un curso para aprender a usarlas, ya que la mayoría de los accidentes suceden porque las personas no saben usarlas. No se trata de apuntar y apretar un gatillo, es mucho más complejo que eso”.
Desde el parlamento, la diputada por Ñuble, Marta Bravo dijo a La Discusión que el tema de la seguridad, si bien se puede trabajar con apoyo del Congreso, no se puede dejar de lado a otros estamentos en esta tarea.
“Desde el Congreso tenemos que trabajar en perfeccionar la legislación existente, pero además, llamo al Gobierno a reforzar la seguridad y control de armas en puntos susceptibles (como estadios, festividades masivas, etc.) e implementar un trabajo comunicacional y sicológico entre los jóvenes respecto a la ola de violencia que se vive y los riesgos del porte de armas”, comentó.
Arriendo de armas
Conforme a las estadísticas actualizadas hasta el mes de abril de 2022, publicadas en la página de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), Ñuble es la séptima región que más armas registradas tiene en el país.
En total, son 23.108 armas inscritas.
Las regiones que la superan son la región Metropolitana (89.802), Bío Bío (57.847), Maule (56.733), Araucanía (51.223), O´Higgins (49.740) y Los Lagos (35.717).
Si a las armas regularizadas de Ñuble, se le suman las cerca de 4.200 no regularizadas, pero con domicilio conocido, se llega a las 27.308 armas.
Si se estima que la población de Ñuble, es de 500 mil personas, lo anterior significa que en la región hay un arma por cada 18 personas, aproximadamente.
Imposible es, sin embargo, hacer la proporción real debido a la cifra negra de armamento y municiones en manos de la delincuencia.
El fiscal Hermosilla adelantó, de todas formas, que su unidad abrirá un nuevo frente investigativo dentro del foco de armas.
“Desde hace un tiempo que hemos comenzado a tener antecedentes de que existen organizaciones criminales en la región que solo se dedican al arriendo de armas a delincuentes, que es una estrategia que usan, especialmente quienes están ligados al tráfico de drogas, para evitar que se le encuentren armas en sus domicilios durante los allanamientos, y así evitar formalizaciones por Ley de Armas, que hoy tienen pena de crimen”, sostuvo el persecutor.
El fenómeno también se ha visto en el resto del país.
