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Ingresan en Contraloría nuevas bases de licitación para el Transantiago

Rodrigo Sáenz | Agencia Uno
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Con dos días de retraso respecto al plazo autoimpuesto por la ministra de Transportes, Paola Tapia, fueron ingresadas el viernes las bases de la nueva licitación del Transantiago a la Contraloría.

Según informó El Mercurio en su versión impresa, la instancia busca modificar aspectos del transporte capitalino como la puntualidad de los servicios, la evasión, el estado de los buses o el deterioro en la calidad, con el fin de aprovechar los nuevos contratos a partir de 2018.

Recordemos que en este año culmina la operación del 50% de los servicios administrados por Alsacia, Express, Redbus y STP. En tanto, los que mantiene Subus, Metbus y Vule, finalizan en 2021.

El matutino consignó que según fuentes de Gobierno, esta nueva versión de las bases contiene los mismos aspectos que los manifestados en diciembre. No obstante, agrega nuevos estándares de calidad para los usuarios.

En esta línea, se fomenta la llegada de 90 buses eléctricos -15 por cada una de las seis empresas adjudicatarias- y otros 90 con atributos especiales como aspectos de calidad, un vehículo de dos pisos, aire acondicionado o más asientos, entre otros.

Asimismo, hay modificaciones a las mallas de recorridos, con 64 ajustes y 44 extensiones.

También, habrá 19 recorridos nuevos que se focalizarán en trayectos entre zonas periféricas y el centro, buscando beneficiar a comunas como Cerrillos, Renca y Peñalolén.

A ello se suman las medidas antievasión como torniquetes mariposa en la nueva flota y 50 inspectores por empresa.

En tanto, los 453 buses nuevos propuestos en primera instancia, se reducen en 150, generando un ahorro de costos.

Finalmente, en relación al pago por Pasajero Transportado (PPT) se reducirá de 70% a 30%, sin la posibilidad de revisar el monto, mientras que los incrementos por renovación de flota serán destinados al Pago de Cuota de Flota (PCF).

Además, subirá el pago por kilómetro recorrido a cerca de 50%, añadiéndose un importe por calidad de servicio y una bonificación de hasta 10% más en los pagos fiscales por cumplir estándares de calidad de servicio medidos por un inspector incógnito.

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