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Más de 520 empresas del Maule deberán acogerse a la Ley de Inclusión Laboral

Comunicado de prensa.
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A principios del próximo año debería entrar en vigencia la Ley de Inclusión Laboral en el país, iniciativa que asegura una reserva laboral de empleo de un 1% para personas en situación de discapacidad.

En la región del Maule más de 520 empresas deberán cumplir con la normativa, con quienes se espera hacer un trabajo de difusión a fin de que lograr una buena implementación.

Debido a lo anterior, la seremi de Desarrollo Social, junto a su par del Trabajo y Senadis, conformaron la Mesa Regional para la Inclusión Laboral, a través de la cual se han realizado diversas labores, como identificar a las empresas maulinas, sensibilizar y orientar a los servicios públicos y organizar encuentros ciudadanos en toda la región.

“Nuestro objetivo es visibilizar la promulgación de la ley y sensibilizar tanto a los organismos tanto públicos como privados que deberán ajustarse a la normativa”, aseguró el seremi José Ramón Letelier.

Mientras que su par del Trabajo, Elia Piedras, agregó que “las empresas y servicios públicos tendrán que abrir espacios laborales para personas en situación de discapacidad. Ahora pondremos manos a la obra en términos de iniciar conversaciones con estas instituciones, para que se sientan acompañadas en el proceso de implementación de la ley”.

La Ley

La Ley de Inclusión Laboral propone un 1% de cuota laboral para personas en situación de discapacidad en organismos del Estado (civil y militar) y empresas que tengan cien o más trabajadores.

Además, consagra el principio de no discriminación en el Estatuto Administrativo, prohibiendo todo acto que se traduzca en exclusiones por motivos de discapacidad y deroga el artículo que señala que “el contrato de trabajo que celebre una persona con discapacidad mental, podrá estipularse una remuneración libremente convenida entre las partes, no aplicándose a este respecto las normas sobre ingreso mínimo”.

Los Ministerios de Desarrollo Social y del Trabajo evaluarán la ley cada cuatro años (tres en una primera instancia), teniendo en cuenta la naturaleza cambiante del mercado laboral y la necesidad de ir adecuando el sistema de inclusión.

En el sector privado hay más de 7.600 empresas que cumplen con el requisito de tener cien o más empleados, por lo que se podrían habilitar más de 25 mil cupos laborales para personas con discapacidad. Mientras que en el caso del sector público, hay 158 instituciones que podrían habilitar 2 mil 500 puestos de empleo.

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