Un terreno del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), en la esquina de las calles San Martín con Padre Alberto Hurtado de Concepción, habría sido entregado hace dos años por la entonces directora regional María Luz Gajardo a una de las asociaciones gremiales del organismo, la que desde entonces arrienda estacionamientos de vehículos. El hecho quedó al descubierto en un informe de Contraloría que declaró la entrega como ilegal.

Según la investigación del ente fiscalizador, Pablo Torres, funcionario de Serviu, arrendaba casi 200 espacios a igual numero de funcionarios del Serviu y de otras reparticiones fiscales a un precio mensual de entre 5 mil y 10 mil pesos.

Los dineros eran depositados en una cuenta personal y supuestamente iban a la contratación de un guardia de seguridad para el estacionamiento y a la mantención del terreno.

Esta conducta fue declarada ilegal por Ricardo Betancourt, contralor regional, quien ordenó revocar la entrega del terreno a la agrupación gremial y que se iniciara un sumario administrativo para determinar irregularidades.

Esta situación fue cuestionada en duros términos por el diputado Leonidas Romero, quien apuntó a la renunciada directora de la Democracia Cristiana (DC) como principal responsable de una situación que, según él, puedo afectar el patrimonio fiscal.

Tras concluir la irregularidad y ordenar que el traspaso del paño sea revocado, la Contraloría decretó el Serviu realice un sumario administrativo para determinar las responsabilidades.

Enrique Van Rysselberghe, diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), llamó a cumplir con lo señalado por el organismo contralor.

No se descartó que, pese a que la exdirectora del Serviu dejara el cargo hace unos días, se mantenga su responsabilidad y tenga que enfrentar la investigación que debería haber comenzado ya al interior del organismo.

En un comunicado, desde Serviu informaron que ordenaron iniciar un sumario administrativo para determinar el origen de esta situación. Además expresaron que se ajustarán a la normativa vigente conforme a lo manifestado por Contraloría.

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