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Justicia rechaza sobreseer a Sebastián Dávalos y lo seguirá investigando por caso Caval

René Meriño | Agencia UNO
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Durante la mañana de este lunes la jueza Jessica Bascuñán rechazó el sobreseimientro definitvo para Sebastián Dávalos Bachelet, en el marco de la investigación por el Caso Caval.

Hasta el Juzgado de Garantía de Rancagua llegó el hijo de la presidenta Bachelet, quien no tuvo éxito con la solicitud para ser sobreseído en esta investigación del Caso Caval, que se inició por la presunta compra/venta irregular de predios en Machalí, región de O’Higgins.

Tras la instancia, el fiscal Sergio Moya aseguró que “no vamos a tomar ninguna decisión apresurada en base a la resolución del tribunal. Si bien la investigación está pronta a cumplir 3 años, hay antecedentes que son recientes”.

“Por eso se generan nuevas indagaciones y nuevas diligencias, no existe el standard para sobreseer”, continuó Moya, y agregó que la resolución podría ser apelada por Dávalos.

La investigación

La indagatoria por los presuntos delitos de estafa y emisión de boletas falsas que afecta a Dávalos se abrió tras la querella que interpuso el empresario Gonzalo Vial Concha, quien pagó cerca de mil millones de pesos a Caval por informes que habrían sido plagiados o de escaso valor.

En su declaración ante la fiscalía el 13 de abril de 2015, Dávalos reconoció que en el primer semestre de 2012 realizó labores paralelas para la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon) y para sociedad de la que es parte su esposa Natalia Compagnon.

El pasado 29 de noviembre el socio de Caval, Mauricio Valero, declaró que las glosas de las boletas emitidas por el hijo de la presidenta por 10 millones de pesos, fueron determinadas como asesorías comunicacionales por orden de Compagnon.

“Debo aclarar que las mismas no corresponden a la asesoría que en ella se expresa; esto porque Natalia Compagnon decidió que su marido emitiera boletas con dicha ‘glosa’ por los trabajos que efectuaba para Gonzalo Vial, ya que él aún se desempeñaba en un cargo de gobierno; y, según ella, consideraba que una asesoría comunicacional no implicaba una transgresión administrativa”, se lee en el texto suscrito por Valero.

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