La ministra de Educación, Adriana Delpiano, aseguró que tras la nueva postergación en la venta de la sede de calle Libertad, se evaluará con la comunidad el nombramiento de un Administrador de Cierre en la Universidad Arcis.
Si bien nadie ha querido reconocer en el Ministerio de Educación el estado terminal en que se encuentra la Universidad Arcis, los hechos han hablado desde hace meses por sí solos.
A la majadera postergación de la venta de la sede de calle Libertad, se agrega la baja matrícula de este año, la nula difusión para el proceso de admisión 2017, los incumplimientos en el pago de sueldos e imposiciones a los trabajadores y un discreto desempeño del Administrador Provisional, Patricio Velasco.
La ministra de Educación, Adriana Delpiano, reconoció que la fallida venta de Libertad ha dificultado todo y que es hora de evaluar, junto a la comunidad universitaria, el eventual nombramiento de un Administrador de Cierre.
Entre los trabajadores, docentes y estudiantes de Arcis el diagnóstico a la labor de Patricio Velasco es uno solo: incompetencia. La crítica se sustenta en la incapacidad que ha tenido el Administrador Provisional de generar nuevos recursos, vender parte de los activos o llevar adelante el mismo plan de recuperación que diseñó y aprobó el Mineduc.
Así lo expresó el profesor y tesorero del sindicato 3, Francisco Gárate.
El Comité de Continuidad, que también integran los estudiantes no federados de la Universidad, sostiene que están las condiciones académicas para seguir con el proyecto de Arcis, pero la situación se ha tornado más compleja producto de la labor del propio Administrador Provisional, como lo señaló Cynthia Iribarra, vocera de los alumnos.
Tal es el nivel de insolvencia económica que tiene la Universidad Arcis, que Patricio Velasco, dio curso la semana pasada a un plan de retiro para los trabajadores contratados, que busca disminuir la planta de funcionarios y cuyas condiciones de pago, en caso de ser aceptado por algún trabajador, se concretarían una vez que se haga efectiva la venta de la sede Libertad.
Los funcionarios contratados tienen plazo hasta el 31 de octubre para acogerse o no al plan de retiro.
