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Decretan firma quincenal y arraigo nacional para ME-O tras su formalización por caso SQM

CONTEXTO | Sebastián Beltrán | Agencia UNO
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Este miércoles el excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (ME-O) enfrentó a la justicia por el caso SQM. Durante la formalización se decretó su arraigo nacional y firma quincenal.

Pasadas las 9:30 horas líder del PRO ingresó al centro de justicia. En las afueras del recinto un grupo de manifestantes le expresó su apoyo, además, mientras era escoltado por al menos dos guardaespaldas, según visualizó La Radio.

La audiencia de formalización se dio para aclarar el rol de ME-O como presunto facilitador de facturas falsas a SQM.

A las 10 horas, él y su exjefe de campaña, Cristian Warner, enfrentaron al fiscal Pablo Gómez en un juicio encabezado por la jueza Alicia Rosende.

Se dejó entrar al público, la mayoría compuesto por partidarios del PRO.

El excandidato a su entrada al centro de justicia reiteró que no tenía la necesidad de beneficios, apuntado al hecho de que había ingresado por la explanada del lugar y no un acceso de seguridad para poder evitar a los medios y sus adherentes.

La fiscalía consideró que ME-O facilitió la emisión de 36 facturas falsas por su ex jefe de campaña, Cristián Warner, del 2011 al 2014, por cerca de 391 millones de pesos por servicios que nunca habrían sido prestados. La fiscalía incluso endosó dos facturas más que no estaban contabilizadas originalmente.

“Warner, actuando en representación de su empresa Cristian Warner Comunicaciones Publicidad Y Marketing y con absoluto conocimiento de ME-O y concertado por este último, suscribió en febrero de 2011 un contrato simulado con Patricio Contesse (ex gerente de SQM), cuyo objeto era prestar asesorías a la minera en materia de comunicaciones”, aseguró el fiscal Pablo Gómez en la audiencia.

La defensa del excandidato allanó la medida cautelar dictada por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, solicitada por el fiscal.

Lo mismo hizo Cristián Warner, en esta audiencia donde ambos quedaron formalizados por facilitación y emisión de facturas falsas.

El caso SQM, según la fiscalía, produjo un detrimento fiscal de $130 millones y se di plazo de investigación hasta febrero de 2017.

A la salida de la sala, el abogado de Warner, Alejandro Espinoza, reclamó el hecho de que la fiscalía tenga acceso a 3.5 millones de correos electrónicos antes de tener un orden judicial, además, recalcó que su cliente “no tenía idea de la situación tributaria de SQM y cuál era el uso que le dio a las facturas que él entregó”.

Por el caso, Enríquez-Ominami tendrá que acudir cada quince días a la comisaría para reportarse y no podrá salir del país mientras se instruye el caso.

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